En el mundo de la política, hay una regla no escrita que asegura que las familias son intocables. Y lo que supone esa norma es sencillo: a la hora de hacer ataques políticos, los familiares de los rivales están fuera del alcance. No puedo estar más de acuerdo, sobre todo si esos familiares no son figuras públicas.
Sin embargo, en el quehacer público y la relación entre la prensa y quienes ocupan cargos públicos, el asunto es distinto. Primero, porque no se trata de “aliados versus rivales”. Cuando se trata de periodismo responsable, las preguntas no son ataques, sino herramientas esenciales para responder las dudas de los ciudadanos, sobre todo cuando esas dudas alcanzan a figuras del mundo público. Uno de esos casos es el del Departamento de Educación y el papel —si alguno— del hermano del gobernador, el licenciado Jay Rosselló, en el otorgamiento de contratos para escuelas chárteres. Contrario al discurso oficial, que reduce las dudas levantadas sobre el rol del hermano del gobernador en el otorgamiento de contratos de escuelas chárteres a chismes infundados o cuestionamientos mal intencionados, las dudas son legítimas. Nada en ellas hay de descabellado o rebuscado. A pesar de la molestia del gobernador al contestar preguntas sobre el tema o de las advertencias que su hermano lanza en un correo electrónico en el que advierte que “insinuar cualquier irregularidad con respecto a mi participación en este asunto es simplemente falso, malicioso y difamatorio, y expone a acciones legales a quienes insistan en así hacerlo”, las preguntas —tantas como sean necesarias para dejar claro el asunto— deben realizarse. Con ello no solo se beneficia el país al acercarse a conocer —confirmar o descartar— los señalamientos públicos sobre el asunto, sino también el gobernador y su hermano, por cuanto la contestación a las interrogantes sobre el tema ayudará a dejar el récord claro.
Antes de las declaraciones del licenciado Rosselló Nevares sobre el alcance de su participación en el bufete Hoga, Marren, Babbo & Rose, el país tenía ante sí un par de asuntos que requerían respuestas. Primero, el hecho de que la propia página web del bufete colocaba al licenciado Rosselló como enlace para cualquier asunto relacionado con el establecimiento de escuelas chárteres en Puerto Rico. Segundo, que el gobernador, su hermano y la exsecretaria de Educación habrían sostenido una reunión en La Fortaleza para discutir el tema de las escuelas chárteres. Si algo deja claro el correo enviado por el licenciado Rosselló, es que la reunión antes aludida sí tuvo lugar. Tras esa confirmación es preciso preguntarse si el encuentro, ideado por el primer ejecutivo, fue una buena iniciativa a juzgar por quienes participaron de la reunión y a quienes representaban. No era difícil prever que, de hacerse pública la reunión, solo levantaría dudas. En tercer lugar, aunque en sus expresiones públicas el gobernador limitó la participación de su hermano en el bufete a la de “traductor” de documentos del español al inglés, el propio bufete lo identificó como socio. Y el licenciado Rosselló lo ratificó. La incongruencia entre la versión del gobernador y las de su hermano y el bufete, lejos de despejar dudas sobre el asunto, solo abonó a echar más leña al fuego. Aunque el licenciado Jay Rosselló asegura en su misiva que en la reunión “no se asignó, designó o se hizo compromiso de ninguna naturaleza en relación a las escuelas charter”, y el gobernador ha defendido el encuentro asegurando que su hermano no puede ser penalizado por ser integrante de la familia del gobernador, lo cierto es que ser hermano del primer ejecutivo, reunirse con él y con su subalterna sobre un tema que podría redundar en la erogación de fondos públicos no es asunto liviano. El licenciado Rosselló asegura en su carta que los encuentros no redundaron en ilegalidad o irregularidad alguna. Es muy probable que lo que afirma sea cierto. Pero las dudas y preguntas que surgen no son culpa de la mala fe ni de la insistencia de la prensa en un tema “ya aclarado”, como ha dicho el primer ejecutivo. Las dudas —que comparten por lo bajo miembros de su propio partido— son la consecuencia lógica de otra premisa no escrita, pero aplicada en el mundo público y contenida en un viejo dicho: la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo.
