Esta semana hubo quienes celebraron con vítores la firma de la ley establece el marco regulatorio y la política pública para el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Son los mismos que apuestan a la vieja y torcida idea de que todo en manos del sector privado es más eficiente y mejor.
Ellos alegan que, por fin, la isla se encaminará hacia la gran transformación de su sistema eléctrico, que se reducirán las tarifas, que nos moveremos hacia el uso de fuentes renovables de energía y que todos los problemas que hemos enfrentado con la AEE se resolverán casi por arte de magia.
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Está por verse, más temprano que tarde, cómo las frases que conforman ese discurso del chijí-chijá de la privatización de nuestro sistema de energía irán poco a poco desmembrándose. Será cuestión de tiempo ver la forma en que la privatización de servicios públicos esenciales, como la energía, revierte negativamente contra los ciudadanos.
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Y es que esa idea de privatizar la AEE está impregnada del discurso neoliberal que, a todas luces y ante la crisis económica que nos abate, parece fascinar por igual a sectores disímiles del espectro político-ideológico del país, más allá de líneas partidistas.
Desde conservadores hasta profesos liberales, con contadas excepciones, gruñen por la utópica creencia de la fe en el libre comercio (free trade faith) como paliativo para resolver los problemas deficitarios del Estado.
Promulgan la privatización como receta a la desfiguración económica estatal. Claman por políticas agresivas para reducir el aparato gubernamental acompañado de medidas dirigidas a desregular la actividad del mercado. La idea, en síntesis, es limitar la oferta de servicios públicos e impedir la permanencia y ampliación de los derechos del sector productivo de la población en el supuesto de los costos que conlleva para el Gobierno y el sector privado.
Los amantes de la privatización también hablan de reducciones y flexibilización en leyes laborales, recortes en planes de jubilación y reajuste en políticas de empleo en el sector gubernamental, sugiriendo una disminución de ese sector, sea a través de la congelación de plazas o el despido.
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Es un pensamiento ideológico que se valida con la estrategia comunicacional de demonizar toda la actividad gubernamental. Por eso, todo lo que hace el Gobierno, señalan algunos, es ineficiente. De ahí la visión de querer encaminarnos hacia la prosperidad general subrayando los signos de la libertad individual y ahondando en las ventajas competitivas que proveen las políticas desreguladoras del mercado, exento de toda regla ética y social.
En estos últimos años de crisis que hemos vivido, los miembros de la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso federal han sido claves en la promoción de esa ideología al insistir, casi categóricamente, que nada en el Gobierno funciona y que la única salida es vendernos a pedacitos.
Ahí está su aval a la privatización de la AEE, su espaldarazo a las escuelas chárteres, su insistencia en vender las estaciones de radio y televisión de la Corporación para la Difusión Pública (WIPR), su postura a favor del cierre de recintos de la Universidad de Puerto Rico, su impulso al desmembramiento de los sistemas de pensiones de empleados públicos, entre otras más.
Ahí está, además, la obstinada idea de la Junta de asfixiar al Gobierno con recortes presupuestarios que limiten su gestión pública. Y, por lo que ya hemos escuchado de parte de la dirección de la Junta, este próximo año fiscal nos espera más de esa medicina amarga de recortes al gasto público que no hacen más que sofocar la acción gubernamental limitando y encareciendo los servicios que recibe la población.
Detrás de las acciones de la Junta, al igual que de los vítores de quienes celebran cualquier movida de privatización de bienes y servicios públicos, lo que hay es una formulación ideológica neoliberal que da por bueno cualquier intento por desmembrar el aparato gubernamental.
Sin embargo, esa ideología del mercado, presentada como panacea a la crisis fiscal del Estado, no puede ser la vía para la construcción de un mejor país. La experiencia histórica en muchos países del mundo solo arroja que esa alternativa amplía la desigualdad e incrementa el empobrecimiento social.
No olvidemos que las soluciones contables no siempre son respuestas efectivas para atender problemas sociales y políticos. Una opción, por el contrario, es impulsar la autogestión y el emprendimiento; romper con la dependencia ofreciendo alternativas para la autosuficiencia económica; honrar el sector público; y exigir una mejor administración gubernamental.
