A investigar Educación sin aguaje

Lea la opinión de Denis Márquez

Por Denis Márquez

Un criterio fundamental para medir el éxito social y humano de un país es cómo atiende el tema de su educación pública. Estoy convencido de que, en la medida en que un país fortalece su escuela pública, protege y establece como su norte a la niñez, se respeta y reconoce la importancia de la maestra y el maestro como el instrumentos principales para el logro de los objetivos, no solo de enseñanza, sino además de formación social y humana, crece como nación. Existirán mejores componentes para el desarrollo económico, pero, sobre todo, social y humano.

A las alturas del siglo XXI, si bien es importante la integración de diversos métodos y tecnologías modernas en el proceso educativo, los principios humanistas,  el pensamiento crítico, el cuestionamiento social, los derechos humanos, la equidad y la perspectiva de género son valores que deben estar siempre integrados en todo proceso educativo. El proceso de aprendizaje tiene que estar enmarcado en la formación de seres humanos libres de pensamiento y acción, partiendo siempre de las particularidades de cada estudiante, reconociendo, y sobre todo, apoyando a los estudiantes con diversidad funcional. Es necesario que promovamos la formación de un estudiante que se conozca a sí mismo, su entorno, su historia, su familia, la nación a la que pertenece, interactuando con el mundo que nos rodea.

El respeto y el apoyo a la maestra y maestro se da en la medida en que se la haga justicia salarial, cuando no se mutilen sus horarios y condiciones de trabajo, cuando su ambiente de trabajo sea propicio para la enseñanza y sus derechos colectivos como trabajadoras y trabajadores sean respetados y reconocidos. Lo que sucede en Puerto Rico y desde la dirección del Departamento de Educación es la antítesis de lo aquí expresado. Aunque la renuncia de la Sra. Keleher fue una buena noticia e, incluso, un alivio, esta no cambió las limitadas visiones gubernamentales sobre la educación en Puerto Rico. La negativa del Gobierno de reconocer lo nefasto que ha sido el cierre de múltiples escuelas, el continuar con las propuestas de privatizar, vender y entregar  al mejor postor decenas de escuelas públicas para convertirlas en escuelas chárteres, las continúas violaciones a los derechos de los estudiantes del Programa de Educación Especial, las propuestas de vulnerar derechos de las maestras y maestros son algunos importantes ejemplos de constante traición del Gobierno a la educación pública.

La manera en que se ha celebrado el proceso de compras de 140,000 computadoras, tabletas y equipos electrónicos para estudiantes y maestros en el Departamento de Educación; el contrato de 16.9 millones de dólares otorgado por la entonces secretaria de Educación, Julia Keleher, a la empresa Joseph & Edna Josephson Institute of Ethics para el programa Tus Valores Cuentan; la participación de Keleher en actividades políticas, como la promoción de un proyecto pro estadidad en el Congreso;  sus contrataciones por criterios político partidistas para el Programa para Preparar Superintendentes; las irregularidades en el Departamento de Educación con relación al proceso de convertir hasta un 10 % de las escuelas públicas en escuelas alianza (chárteres) y los contratos otorgados por el DE a entidades y bufetes de abogados para viabilizar dicho proceso son todos ejemplos de actuaciones cuestionables de la pasada secretaria Keleher.

Todas y cada una de estas irregularidades y posibles violaciones de ley han sido tema de varias resoluciones de investigación que propuse en la Cámara de Representantes y todas fueron ignoradas, al igual que las relacionadas con los cierres de escuelas y la interpelación a la secretaria de Educación. Ahora, la Cámara se propone investigar las actuaciones de la pasada secretaria y sus contratos y actuaciones. Solo el tiempo dirá si se trata de un verdadero esfuerzo de fiscalización y cuestionamiento o será puro “aguaje”. En el proceso, lo veremos y participaremos de esa investigación siempre con un norte: la defensa y la protección de la educación integral y la escuela pública.

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