El 31 de octubre de 2018, durante mi turno en el debate de la mal llamada reforma contributiva, le anticipé al país sobre la posibilidad de la hoy inminente legalización de las apuestas deportivas por internet y juegos electrónicos. En ese entonces repudié enérgicamente el aumento de las máquinas tragamonedas que fueron incluidas en la reforma contributiva y que, en unión a las apuestas anunciadas recientemente, convertirán a Puerto Rico en la Isla Casino o la Isla de las Apuestas.
El anticipo, desgraciadamente se convirtió en realidad, el gobernador anunció con bombos y platillos la presentación y posterior radicación del proyecto de ley para permitir las apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos electrónicos eSports y ligas de fantasías (fantasy leagues) en todo Puerto Rico. La justificación principal para este proyecto es el trillado eslogan de innovación y desarrollo económico, en otras palabras, las propuestas gubernamentales están basadas en la falsa ilusión de promover el vicio del juego, ahora en particular a la gente joven.
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En este país, en el que las prohibiciones de productos comerciales a los menores de edad no se cumplen y, menos aún, se fiscalizan, pretenden resolver —con un par de oraciones en el proyecto de ley— el complicadísimo asunto de evitar el acceso de menores de edad a estas apuestas por internet. Siendo ese sector de la población el más diestro y el más cercano al mundo de la tecnología, es un espejismo que se incluye en este porque el papel aguanta todo lo que se escribe. Si consideramos que las apuestas, además de poder realizarse en los locales designados para ello, se podrán hacer mediante el uso de aparatos electrónicos, establecer los parámetros y las herramientas que garanticen que los menores no tengan acceso a estas será prácticamente imposible.
Además, la lista general y confusa de deportes y eventos deportivos en los que se podrá participar promoverá una cultura de apuestas —en actividades que en nuestra isla tienen otro significado— con todas las repercusiones sociales y deportivas que ello conlleva. Legalizar estas apuestas que —aun siendo profesionales— nunca han sido parte de nuestra idiosincrasia, en aras de impulsar el crecimiento económico, nos encamina a apostar “la vida misma”.
El mundo de las apuestas no está diseñado para que la gente gane dinero para resolver sus problemas económicos ni para que los apostadores triunfen, por el contrario, el salvaje mundo de las apuestas fue creado para el lucro de estas empresas a expensas del sufrimiento, la necesidad y —muchas veces— hasta la salud mental del jugador.
Legalizar apuestas por internet y juegos electrónicos en el país es promover la adicción entre la gente joven -—con trabajos parciales y precarios— con la falsa ilusión de que los problemas económicos se resuelven jugando y apostando en cada esquina. La experiencia de otras jurisdicciones como en Europa y los EE. UU. —donde se han establecido medidas similares— ha sido alarmante ante la adicción al juego y las apuestas en jóvenes entre 18 a 35 años.
Si queremos aspirar a una sociedad justa social y económicamente, los juegos y las apuestas no son la solución. Para una verdadera transformación necesitamos los poderes de la independencia que permitan promover y proteger el comercio, la agricultura local, impulsar industrias nacionales y comenzar la reconstrucción social del país.
