El Gobierno tiene ante sí el reto de mejorar la atención y el acceso de nuestra población a los servicios de salud y, a su vez, intentar detener el éxodo de médicos especialistas que sufre el país. Esta es una situación seria, que requiere atención urgente.
La raíz de este problema está en el control que ejercen las aseguradoras sobre la práctica médica y los servicios que reciben los pacientes. Es una seria dificultad que lleva décadas y que se ha convertido en una gran preocupación colectiva. El principal dilema ha sido que todos los fondos que tiene el Gobierno para ofrecer servicios de salud no llegan a los proveedores porque se quedan en los bolsillos de las aseguradoras. Lo mismo sucede con quien paga por un seguro privado.
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Esto provoca que los servicios que recibe un paciente se limiten por los caprichos de las aseguradoras, quienes restringen tanto la atención médica y clínica, así como los medicamentos. No hay nadie en este país que se encuentre exento de estas arbitrariedades.
Para abordar este problema hace falta una nueva política de salud. En el ámbito público, se requiere examinar cuál es la mejor vía para administrar el plan de salud del Gobierno, para lo que hace un par de años se presentó ante la consideración de la Cámara de Representantes la propuesta del legislador Denis Márquez Lebrón para establecer una renovada política pública de salud y, a su vez, crear la Corporación del Seguro Nacional de Salud (Proyecto de la Cámara 1253).
Pese a que esta medida no ha sido atendida aún, vale reconocer que las cámaras legislativas han dado pasos importantes para ponerles límites a las arbitrariedades de las aseguradoras privadas.
La primera iniciativa ha sido el Proyecto del Senado Número 27, que enmendó Ley Habilitadora del Procurador del Paciente y el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico con el propósito de concederle a la Oficina del Procurador del Paciente mayor alcance para fiscalizar aquellas prácticas de las aseguradoras que afectan directamente la integridad de los pacientes. Esta medida, convertida en la Ley 47, también permite que el médico pueda, a nombre de sus pacientes, querellarse contra las aseguradoras.
En virtud de la protección a los pacientes, hace unas semanas, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 1546 que prohíbe a las compañías de planes médicos que impidan la entrada de galenos recién graduados a su red de proveedores. La intención de la medida se centra en atender una de las mayores dificultades que enfrentan los médicos del país, quienes llevan años sometidos a las acciones caprichosas de muchas compañías, quienes formulan normas arbitrarias para controlar el mercado de la salud.
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Con esto, se trata de establecer una política pública que proteja a los médicos y especialistas profesionales y, por consiguiente, a los pacientes. Al momento, las empresas de planes médicos se abrogan la “autoridad” para, caprichosamente, denegar las solicitudes de quienes desean ser proveedores de su red, aun cuando cumplan con todos los requisitos de ley.
Esta medida legislativa, que está en su última etapa de discusión ante un Comité de Conferencia, incluye, además, una disposición impulsada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que establece que si alguna empresa aseguradora viola esta ley tendrá como consecuencia la cancelación de sus contratos con el Gobierno.
En la agenda legislativa, también está el Proyecto del Senado 841, cuyo propósito es enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico para prohibir que las compañías aseguradoras de planes Medicare Advantage acuerden con un proveedor de servicios el pago de una tarifa menor a la establecida por los Centros de Servicios Medicare y Medicaid. A su vez, la medida, que ya fue aprobada en el Senado y aguarda por su trámite en la Cámara de Representantes, prohíbe la cancelación de contratos de proveedores sin justa causa.
En Comité de Conferencia Legislativa, también se encuentra el Proyecto del Senado 218, que busca crear la Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios
