Tras el paso del huracán María la vida de miles de ciudadanos puertorriqueños cambió para siempre. Los efectos de aquel terrible fenómeno natural, el más destructivo que se ha registrado en nuestra historia contemporánea, fue devastador. El huracán arrasó con la isla dejándonos desprovistos por mucho tiempo de energía eléctrica y agua potable, al tiempo que reveló la fragilidad del país cuando vimos cómo amplios sectores de nuestra población yacían hundidos bajo el fango, con residencias inundadas, destruidas e incomunicadas.
Cientos de parcelas perdieron sus puntos de colindancia, decenas de carreteras, urbanas y rurales, quedaron obstruidas, impidiendo la comunicación y el acceso de ayuda temporal que con tanta ansiedad se esperaba. El desastre afectó severamente la economía. Cada negocio, grande o pequeño, informó daños y pérdidas que todavía son incalculables.
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A su vez, miles de ciudadanos quedaron desprovistos de servicios de salud, mientras se alertaba de brotes de conjuntivitis, gripe e impétigo; otros miles, decenas de miles, fallecieron. El costo humano de María fue inmenso y las comunidades más pobres fueron las que más sufrieron el impacto.
El huracán María llegó en un momento en que nuestro ecosistema político y social revelaba signos de inseguridad, con perspectivas económicas sombrías, sin recursos, endeudados, en quiebra y con la imposición de una Junta de Control Fiscal que, desde el primer día hasta el presente, no ha hecho más que evidenciar que su agenda es contraria a los intereses del país.
Sin embargo, a pesar del panorama incierto que aún nos acecha, hoy se asoma una nueva esperanza en la reconstrucción de Puerto Rico que debe aprovecharse y, lo más importante, debe estar puesta a la disposición de las necesidades y los servicios que requiere nuestra gente.
Hace unos días, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés) aprobó la asignación de $8,220 millones en fondos para la reconstrucción de la isla provenientes del programa Community Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG – DR).
Estos fondos se suman a los $1,500 millones ya desembolsados, para un total de cerca de $10,000 millones que deben invertirse, principalmente, en proyectos de revitalización, infraestructura, viviendas y desarrollo económico.
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Nadie duda de que se trata de mucho dinero. Y aunque llega más tarde de lo anhelado, es una cantidad de fondos que nunca se había recibido en la isla para proyectos que buscan reconstruir los estragos de un fenómeno natural. Ciertamente, la labor que ha estado realizando el secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, ha sido una pieza fundamental para que el Gobierno federal se sintiera en confianza al momento de aprobar este desembolso.
Ahora el reto está en encaminar los proyectos de reconstrucción que, como bien ha señalado Gil Enseñat, deben mantener “el proceso más innovador y más transparente”. La recuperación del país depende de cómo utilicemos estos fondos; fortalecer nuestra infraestructura y trabajar en proyectos de construcción de viviendas más fuertes y seguras que nos permitan reducir los riesgos y la vulnerabilidad de nuestras comunidades.
Tenemos que reconstruir comunidades con una mayor capacidad de recuperación, que es igual a afirmar que necesitamos un país que pueda resistir los desastres naturales y, a su vez, ser sostenible.
Los numerosos proyectos que ya se han identificado para iniciar la primera fase de la reconstrucción y revitalización del país también constituyen el primer paso hacia nuestra reactivación económica.
Por eso, hay que poner los esfuerzos de reconstrucción dentro de una estrategia integral de desarrollo. Además de la importancia en vigorizar la infraestructura, y en la reparación y construcción de viviendas, hay que encauzar recursos para incentivar actividades económicas que nos faciliten emprender una nueva ruta de desarrollo social y económico.
En una coyuntura que ha estado caracterizada por la inestabilidad económica, no hay dudas de que esta es una oportunidad para que Puerto Rico se encamine. Lograr un sólido crecimiento social y económico en esta etapa de reconstrucción constituye un reto de proporciones históricas, pero es un desafío que podemos vencer si colocamos los recursos en la ruta correcta, en atención a las necesidades de nuestras comunidades y viabilizando su participación en la formulación de proyectos y estrategias.
