David Skeel, un reputado profesor de Derecho Corporativo en una universidad Ivy League, fue seleccionado hace poco más de dos años para integrar la Junta de Control Fiscal creada por la Ley Promesa. Skeel pensó que se trataba de una encomienda de ensueño, pues finalmente había llegado el momento en su carrera profesional de traducir la teoría a la práctica.
“He pasado los pasados 29 años estudiando estos asuntos, escribiendo sobre ellos, pensando sobre ellos, diciéndoles al Congreso y a las cortes lo que deberían hacer sin jamás esperar que nadie me escucharía. Y, de repente, tengo la oportunidad de estar involucrado con una ley dirigida a una profunda crisis y que provee la esperanza de ayudar a disolver esa crisis. Ese es el tipo de cosas para las que uno vive”, contó Skeel en una entrevista de media hora que me concedió en las oficinas de la Junta en San Juan.
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El pasado 15 de febrero, sin embargo, el Primer Circuito de Apelaciones resolvió que el nombramiento de Skeel —y de los otros seis miembros con votos en la Junta— era inconstitucional. Skeel se enteró de la decisión judicial mientras se dirigía, junto a su esposa, hacia la parte norte de Nueva York, donde pretendía pasar un fin de semana de caminatas y lecturas de esparcimiento. “Estaba en una llamada de conference con los demás miembros de la Junta, una llamada normal por teléfono, cuando al final, uno de los asesores anuncia: ‘Oigan, por cierto, el tribunal resolvió que sus nombramientos no fueron válidos”.
“Hubo gritos ahogados, incluido el mío”, contó Skeel, de 57 años. “Fue asombroso y chocante”.
“Mi primera reacción fue, simplemente, de shock porque no te imaginas que una corte va a decir algo como eso, a pesar de que sabíamos que era una posibilidad. No esperaba que íbamos a perder el caso, pero no fue una sorpresa total”, dijo.
“Mi segunda reacción fue que sigue siendo business as usual para nosotros. Creo que hay soluciones muy buenas para este problema. Una de ella es que el presidente nos nomine…”
¿Usted quisiera eso?
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“Estaría OK con eso, sí. Al final del día, esto se trata de la Junta y de que el Congreso y el presidente colocaron a la Junta para que hicieran un trabajo y habilitar a la Junta a hacer ese trabajo. En ocasiones, ha sido difícil estar en la Junta, pero no lo cambiaría por nada y estaría contento de continuar”.
La Corte de Apelaciones también resolvió que, a pesar de la inconstitucionalidad de los nombramientos, todas sus acciones hasta el momento eran válidas. El tribunal sostuvo, además, que los miembros permanecerían en sus puestos por 90 días adicionales mientras se cura el defecto legal de los nombramientos.
¿Se siente usted que está en una especia de probatoria? ¿Que tiene que andar con cuidado con las decisiones que toma como miembro de la Junta luego de la decisión de Boston? ¿Siente que tiene una camisa de fuerza?
“Realmente, no. Te comenté que una solución que existía era que el presidente nombrara a siete personas —las que están u otras, o una combinación— pero la otra alternativa es apelar el caso a la Corte Suprema. Si apelamos el caso al Supremo, es bien probable que los 90 días (de permanencia transitoria) acabarán siendo mucho más de 90 días. No sabemos lo que va a hacer el Supremo, pero las probabilidades son muy buenas de que el Supremo acepte revisar el caso.
¿No se ha tomado aún la decisión sobre si van a apelar?
“No se ha tomado aún. No vamos a esperar indefinidamente. Estamos dialogándolo. Vamos a tomar una decisión con prontitud. Así es que, si se apela, pienso que es muy probable que van a ser más de 90 días, y pienso que, incluso, puede ser indefinidamente… El Tribunal de Apelaciones dejó meridianamente claro que todo lo que hicimos hasta ahora es válido, y que continuamos teniendo completa autoridad durante este periodo de tiempo. Así que pienso que continuamos teniendo autoridad completa. No siento que nuestra autoridad se ha debilitado”.
Skeel elogió la composición actual de la Junta. Los puntos de vista eclécticos, y las visiones de mundo distintas, han ayudado en la toma de decisiones ponderadas. Las diferencias ideológicas —cuatro fueron seleccionados por políticos republicanos, incluido Skeel, y tres por demócratas— no ha sido impedimento para trabajar en armonía.
¿Le preocuparía que la composición de la Junta sea más homogénea si el presidente y el Senado —ambos republicanos— nombran solo a republicanos?
“Hay un riesgo. Cuanto más bipartidista parezca la Junta, más posibilidades hay que de que sea aceptada como un cuerpo que toma decisiones. Si fuera de un solo partido, la Junta enfrentaría más críticas aún. Uno de los puntos que tenemos a nuestro favor —y quisiera que tuviéramos más puntos a nuestro favor— es que ha sido un cuerpo bipartidista”.
Skeel, en un momento, comparó el trabajo de la Junta con las de otros cuerpos similares en ciudades como Detroit, que sufrieron un proceso de bancarrota.
¿Hay algo en el contexto de Puerto Rico que sea distinto de los demás escenarios? ¿Hay algún actor que usted no anticipaba —el Senado, la prensa—, algo que sea distinto en nuestro ecosistema?
“Lo que ha sido un tanto difícil es que no ha habido un grupo fuerte, vocal, que nos apoye. No tenemos un defensor fuerte entre los constituyentes”.
¿No cree que eso responda a la situación política de la isla, que se perciba como una imposición más?
“No tenemos tanto poder como otras juntas anteriores y eso se debe realmente al issue del estatus. Washington estaba muy preocupado con la percepción (optics) y por eso no desplazamos al Gobierno. La jueza Swain ha dejado claro que la Junta tiene que trabajar en conjunto con el Gobierno y la Legislatura, y eso ha limitado un poco lo que podemos hacer. En Detroit, la junta, básicamente, tomó control del Gobierno, pero eso no era un modelo realista para Puerto Rico”.
