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Descolonización judicial

Lea la opinión del periodista Rafael Lenín López

En mi carrera periodística he atendido principalmente los temas políticos y de gobierno. Me apasiona el tema y trato de hacerle entender a todo el mundo que la política no es mala. Es sencillo lo que le contesto a todo el que me pregunta: “¿Cómo puedes cubrir eso todos los días?”  Les contesto: “La política no es negativa, lo que es contraproducente para el país es la politiquería”. A fin de cuentas, desde su concepción en la antigua Grecia, la política es la ciencia y el arte de organizar los pueblos para que, a base de unas reglas de convivencia, se atiendan las necesidades colectivas.

En Puerto Rico, no hay forma de cubrir el tema de la política sin hablar de nuestro centenario dilema colonial. El poder político de una metrópoli, antes España y ahora Estados Unidos, sobre nuestro estado sigue siendo nuestra agenda inconclusa, aun para los defensores del Estado Libre Asociado.

A lo largo de nuestra historia, el tema se ha pretendido resolver de distintas formas. Se han dado revueltas violentas (grito de Lares, el levantamiento desde Jayuya en el 1950, Macheteros, etc.) y han ocurrido expresiones multitudinarias pacíficas. También, la elite política puertorriqueña ha procurado, ocasionalmente, resolver el problema buscando un diálogo con Washington.

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Sin embargo, la excusa a ello siempre ha sido que no pueden atenderlos porque el ambiente en la isla está muy dividido.  Otro mecanismo utilizado por la clase política local han sido los plebiscitos para procurar una atención de Estados Unidos. Las administraciones del PNP de Luis A. Ferré, Pedro Rosselló y Luis Fortuño realizaron consultas. La única interpretación objetiva de los resultados de esas votaciones es que el ELA se ha debilitado dramáticamente, y cada día más deja de ser el modelo que los ciudadanos ven como el ideal para desarrollar el país. Más nada ha ocurrido.

Sin embargo, desde la década del noventa, el gobernador Pedro Rosselló comenzó a hablar de otra ruta: la descolonización por la vía judicial.  Aunque pleitos esporádicos pretendieron atender el estatus político de Puerto Rico anterior a ese período, desde la institucionalidad no se había manejado el tema de esa forma.   Desde entonces, esa estrategia parece tener más vigencia en casos que van poniendo piedras y que harán que Estados Unidos, tarde o temprano, se detenga y no pueda eludir el debate. El caso Sánchez Valle es un ejemplo de ello.

El viernes pasado se dio otro episodio. El Circuito de Apelaciones de Boston determinó que el proceso que contempla la Ley Promesa para los nombramientos de la Junta de Control Fiscal es inconstitucional. Entendió que, en ese aspecto, no aplica la cláusula territorial y sí la disposición constitucional federal que establece los parámetros para los nombramientos presidenciales.

Otro caso, en la corte de distrito, lo atendió el juez federal Gustavo Gelpí. En un caso sobre el Seguro Social complementario, Gelpí falló en contra del Gobierno que intentaba recobrar un dinero otorgado a un ciudadano bajo el alegato de que el vivir en Puerto Rico lo hacía inelegible.

En este caso y en el de la Junta, los tribunales demuestran un interés agresivo por mover el tema.  A eso le añadimos que vemos mucha timidez del Gobierno federal en apelar y buscar una decisión favorable a ellos en tribunales de mayor jerarquía. Parecería que le temen a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos siga meneando el palo en el tema del estatus político de Puerto Rico. 

La timidez que no entendemos es la del Gobierno puertorriqueño, particularmente tratándose de una administración anexionista la que está en el poder. Creo que el gobernador Rosselló tiene la oportunidad de llenar los tribunales de casos con matices ideológicos, porque está claro que hay ambiente entre muchos jueces importantes de promover la descolonización por la vía judicial.

Creo que atrás quedaron las protestas, plebiscitos o frentes comunes que no funcionan. El tema del estatus político de Puerto Rico tiene un nuevo escenario de guerra y son las cortes. Resta que aquellos interesados en darle final resolución al issue aprovechen el terreno fértil. Claro, si es real el interés por descolonizar.

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