¿Cerrarán la UPR?

El columnista Hiram Guadalupe examina los retos que enfrenta el primer centro docente del país

Por Hiram Guadalupe

Tomemos nota de este dato importante: en los últimos años, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha sufrido una reducción de $450 millones. Ninguna otra agencia del Gobierno ha tenido un recorte tan dramático como este.

Como corolario a esta reducción, que resultó de los planes de ajuste que la Junta de Control Fiscal le ha impuesto a la UPR, la principal institución de educación superior del país puso en riesgo su acreditación con la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE).

Hace más de un año que la agencia acreditadora le advirtió a la administración universitaria que los recortes en su presupuesto afectaban la institución y ponían trabas para cumplir con algunos de los requisitos y estándares de acreditación, en particular aquellos que atienden la estabilidad financiera y la capacidad de recursos institucionales que debe tener para cumplir con las características de excelencia en la educación superior.

Por eso, ha requerido informes financieros auditados que puedan establecer que la UPR tiene “documentados recursos financieros, base de financiamiento y plan financiero desarrollado”.

Entre los informes requeridos, según lee una carta que la MSCHE envío a la UPR el pasado 7 de enero, se debe precisar “información actualizada de la institución sobre el impacto en sus finanzas del plan de reestructuración de la Junta de Supervisión y Manejo Financiero”.

No está claro si estos informes han sido presentados. Empero, el camino hacia la acreditación de la MSCHE se torna más escabroso en la medida en que la Junta insiste en continuar alterando el plan fiscal de la UPR para hacer más recortes en su presupuesto y elevar sus costos de estudio.

La alarma que enciende la agencia acreditadora advierte que, si los planes de la Junta se ponen en vigor, la UPR estaría impedida de cumplir con los requisitos financieros que establecen sus reglamentos. De esa manera, perdería elegibilidad para su acreditación.

Sin la acreditación, la universidad del Estado no solo lanza por la borda el prestigio que ha ganado a lo largo de más de un siglo de historia, sino que, además, sus estudiantes y exalumnos corren peligro de perder la validez de su diploma.

Más aún, si la UPR no logra su acreditación, no tendrá acceso a ayudas federales, becas y otros incentivos para la investigación y la docencia.

Esta situación es, por demás, triste y trágica. Estamos hablando de la principal institución de educación universitaria en la isla, y la de mayor prestigio internacional. Es, por consecuencia, uno de los más preciados activos sociales de nuestro país que por más de cien años ha sido clave en el desarrollo de nuestra sociedad y en la formación de nuestros ciudadanos.

Lo más terrible de la encrucijada en que se encuentra la UPR, por culpa de los caprichos de la Junta, es que, a petición de la MSCHE, la administración universitaria parece haber comenzado a trazar un plan encaminado al cierre de operaciones de sus recintos.

La información, originada por la agencia de noticias Inter News Service, circuló la semana pasada, aunque lamentablemente no fue replicada por otros medios de circulación nacional. En la nota de prensa, trascendió que el plan de cierre, conocido como Teach Out Timeline, y que tiene fecha del 25 de enero de 2019, comenzaría su ejecución este año y terminaría en enero de 2021. Para entonces, al menos todas las operaciones en el recinto de Río Piedras llegarían a su fin.

Aunque, según reseñó Inter News Service, el punto de arranque del denominado Teach Out es el próximo 1.o de abril de 2019, “la solicitud de la MSCHE no es indicativa de que, con certeza, la UPR cerrará; sin embargo, sí prefigura el costo para Puerto Rico si no logra su acreditación, que algunos la ven cuesta arriba, particularmente por su profunda debilidad financiera”.

A la alta gerencia de la UPR le corresponde responder las interrogantes que surgen de esa comunicación. De esta, la comunidad universitaria debería encabezar una discusión pública que alerte a los funcionarios públicos, y al país en general, de los riesgos que acechan a nuestro primer centro docente.

La UPR es el mejor activo que tenemos como país. Es nuestra promesa de futuro. La mejor garantía de gestar ciudadanos conscientes y comprometidos con el bienestar colectivo. Protegerla y apoyarla tiene que ser prioridad nacional.

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