Lo de Ciencias Forenses ya es intolerable. El tema de la ausencia de recursos en el Negociado no es cosa nueva, pero, ocasionalmente, la situación alcanza la categoría de crisis pública. Y ello ocurre cuando llegan imágenes que confirman lo que se sospecha: la falta de recursos en Forenses afecta el trabajo de los empleados y la calidad de los servicios que allí se ofrecen.
El lunes, la periodista Milly Méndez y yo recibimos, mediante fuentes, imágenes de cadáveres colocados en el suelo en la zona de patología del Negociado. A todas luces, un trato indigno que se aleja de los reglamentos y procedimientos oficiales. Sin embargo, aunque después de las imágenes que divulgamos, la dirección del Negociado ordenó una investigación administrativa, resulta preciso preguntarse: ¿qué es lo que hay que investigar?
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Más allá de procurar echarle la culpa del lamentable suceso a algún empleado de turno o, incluso, a la dirección de esa dependencia, la investigación fallará en atender el problema de fondo. Por más de año y medio, el país ha visto imágenes como las que divulgamos ayer, una y otra vez. También ha visto quejas de vecinos sobre malos olores, protestas de funerarios y familiares sobre la tardanza en la entrega de cuerpos, y reclamos de personal insuficiente. Así que lo visto permite que tengamos un panorama claro. El negociado no tiene los recursos que necesita para hacer su trabajo con eficiencia. El problema es que quienes podrían ayudar a acelerar el diagnóstico se pierden en una batalla de versiones que entretiene, pero falla en atender el problema que podría desembocar en una crisis de salud pública. Tan pronto como en marzo, según el jefe de Seguridad Publica, Héctor Pesquera, Forenses no tendrá dinero para pagar la nómina del próximo mes. Eso ya lo sabemos. También que el Negociado tiene solo cuatro patólogos para atender la totalidad de los casos de autopsias. Eso está claro. La confusión estriba en intentar dilucidar quién tiene el dinero para asignar los recursos.
Según Pesquera, la Junta Fiscal es la culpable, puesto que no asigna dinero para nuevos recursos y nómina, pero tampoco permite al gobernador mover dinero de otras agencias para utilizarlo en Forenses. Sin embargo, en declaraciones escritas que me fueron enviadas ayer por el equipo de prensa de la Junta Fiscal, ese ente del Congreso de Estados Unidos desmiente al Gobierno. Según su versión, Forenses solo ha solicitado un aumento de presupuesto equivalente a $78 mil en una solicitud realizada en diciembre y, más allá de eso, no ha hecho pedidos adicionales de presupuesto. De paso —siempre de acuerdo con la versión de la Junta—, Forenses no ha enviado los documentos que justifiquen la asignación de los $78 mil y tampoco ha cumplido con entregar el “plan de cumplimiento” que se le requiere a todas las agencias de gobierno.
Así que, una vez más, el país se encuentra en la encrucijada de siempre: la Junta dice una cosa, el Gobierno dice otra, pero los problemas siguen sin atenderse. ¿Será que el ping-pong de versiones puede terminar, y el dinero para los recursos que necesita Forenses es, finalmente, asignado? ¿O es que, acaso, la nueva política pública (del Gobierno o la Junta) es no hacer nada para que continúe el mal manejo de cadáveres, la explotación del personal disponible y, en definitiva, el daño al aparato de justicia del país? Yo no sé a usted, pero el tira y hala de versiones sin resultados me tiene harto.
