El pasado lunes, la Cámara de Representantes aprobó sin vistas públicas y por la vía expedita el Proyecto bipartita del Senado 1121, que allana el camino para la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Aunque por primera vez se reconoce en dicha ley la necesidad de iniciar una transición hacia fuentes renovables de energía, el proyecto se enmarca en una transición muy lenta, que permite la dependencia de combustibles fósiles por los próximos 30 años. Además, la medida permite la quema de carbón y la posibilidad de revivir la quema de basura.
Los efectos negativos del proyecto son exponencialmente mayores que cualquier beneficio que la transición a energía renovable pueda implicar para el país. En primer lugar, el proyecto sienta las bases para la privatización de los tres componentes esenciales de un sistema eléctrico: generación, transmisión y distribución de la electricidad. Aunque estamos de acuerdo en que, en el tema de la generación (producción) se deben promover proyectos solares y de otras fuentes renovables a nivel comunitario, la forma que se redacta el proyecto permite que grandes empresas generadoras de energía adquieran el control sobre esos tres componentes. Es evidente que este proyecto servirá como punta de lanza para que el Gobierno justifique la contratación de varias empresas privadas para incorporarse en los múltiples procesos público privados que se aprobarán. Además, aunque el proyecto no habla de los fondos federales de reconstrucción del sistema eléctrico, no hay duda de que se creará el andamiaje reglamentario necesario para justificar todas las contrataciones de empresas de los amigos de la administración actual. Durante el debate del proyecto, incluyeron una enmienda para disponer que se establezca una tarifa máxima de 20 centavos por kilovatio hora, catalogada como única en la historia. Falta ahora la explicación de cómo lo van a lograr, ya que el país seguirá sujeto a los vaivenes en el precio internacional del gas natural y del petróleo. Es decir, ni ahora ni en el futuro previsible, las autoridades en Puerto Rico podrán disponer absolutamente nada sobre el precio que se pagará en la compra de estos dos combustibles fósiles. Por ende, el precio del kilovatio hora seguirá —como al presente— sujeto al mercado. Con el agravante de que, al privatizar la autoridad, además de costear los precios del mercado para pagar el combustible, habrá que pagar las ganancias de las entidades privatizadoras que se beneficiarán del monopolio energético del país. Otra peligrosa enmienda aprobada en sala incluye una cláusula “zafacón” a la definición de “Energía Renovable Alterna”. La inclusión de esta cláusula zafacón puede servir de subterfugio para traer de vuelta la incineración de basura, así como otras formas perjudiciales al ambiente de generar energía, que alguna autoridad oficial valide, tales como la energía nuclear. No hay ningún ejemplo de privatización de energía en el mundo que haya redundado en economías para el país donde se implementó. Un estudio realizado por los economistas José Alameda y Alfredo González concluye que, si fuera privatizada la Autoridad, “en la empresa privada, en aras de cubrir sus costos, operacionales, la tarifa tendría que ser mayor…” La privatización de la AEE se ha convertido en la “Joya de la Corona” del Gobierno —tanto azul como rojo— de Puerto Rico, de congresistas norteamericanos y de la Junta de Control Fiscal. Para facilitarlo ante la opinión pública, la abandonaron, la politizaron, le recortaron recursos, no le dieron mantenimiento al sistema y demonizaron a sus empleados y sus uniones obreras. Ahora se repartirán el botín.
