Recientemente, participé de una vista pública para investigar cuántas personas en Puerto Rico no poseen un plan de seguro de salud. Miles de ciudadanos a los que el sistema, por décadas, les ha violado el derecho humano fundamental a la salud. Los llamados pacientes X que, bajo los diversos modelos de salud en Puerto Rico, no generan los ingresos suficientes para pagar un plan médico privado ni cualifican bajo los parámetros del plan del Gobierno.
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Allí, la Oficina del Comisionado de Seguros admitió que se estima que la cifra de ese grupo asciende a 400 mil personas y que, “a pesar de generar ingresos, el salario no les alcanza para pagar el costo de la prima de un plan médico privado ni cualifican para la cubierta del plan de salud del Gobierno por su salario”.
Es inconcebible que más de 400 mil puertorriqueños estén desprovistos de un plan médico. Mientras los Gobiernos sigan apostando al esquema de la privatización de los servicios de salud continuaremos con el mismo escenario, o peor, si consideramos la crisis económica de la colonia. Lo he dicho en múltiples ocasiones: la salud es un derecho humano fundamental y no puede estar a la merced del mercado, como ha ocurrido. Tampoco la discusión de este asunto debe enmarcarse en un análisis de costos sino en el compromiso indelegable del Gobierno a garantizar el acceso digno y justo a los ciudadanos.
En esa misma vista pública, se demostró que, en el futuro previsible, miles de empleados públicos verán reducida la aportación patronal para sus planes médicos. Ello significará una reducción adicional a su salario, lo que, sin lugar a dudas, empeorará su calidad de vida mientras las aseguradoras siguen enriqueciéndose.
En septiembre de 2017, radiqué el proyecto 1253 para crear un plan nacional de salud universal, así como establecer una nueva política pública en Puerto Rico centrada en el paciente y no en los bolsillos de las aseguradoras; un seguro universal que cubra a toda la población, sin importar su situación laboral, nivel socioeconómico ni lugar de residencia.
Dicha política pública establecería que el Estado garantice el acceso equitativo a un servicio de salud de calidad, que supervise y evalúe con regularidad la epidemiología de la salud, la calidad, la efectividad, la equidad y la eficiencia del sistema de salud y adopte los principios de salud pública del movimiento global de la promoción de la salud, que puntualiza la necesidad de que los asuntos o problemas de salud sean analizados e intervenidos desde una perspectiva integral.
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Pero, al igual que otros asuntos, el tema de la salud debe ser atendido mediante el reconocimiento del Estado de los determinantes sociales que actúan en el detrimento de la salud, como la pobreza, la educación, el desempleo, la falta de vivienda o viviendas inadecuadas, la violencia, la inequidad en la disponibilidad de servicios, entre otros.
Naturalmente, faltan otros aspectos que por razones de espacio no atendemos, pero una de las razones por las que radiqué el Proyecto 1253 fue para comenzar la discusión sobre la salud, tan necesario para esas 400 mil personas o, incluso, para quienes aun teniendo cubierta médica, les son negados servicios indispensables para su salud. Es tiempo de que tengamos esta conversación.
