El tema de los incentivos contributivos que se otorgan a empresas e individuos con el propósito de alentar y desarrollar nuestra economía tomará protagonismo en la discusión pública con el inicio de esta nueva sesión de la Asamblea Legislativa.
Se trata de un asunto importante que responde a una exigencia de la Junta de Control Fiscal que, como muchas otras de sus reclamaciones, no aparece vinculada a un modelo coherente de desarrollo económico para el país.
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De lo poco que conocemos es que los miembros del ente de control fiscal impuesto por el Congreso federal reclaman una reducción de un mínimo de 50 por ciento a todos los incentivos contributivos que otorga el gobierno. Empero, tal petición no precisa cuáles subsidios volarán en pedazos o disminuirán.
Hasta el momento, se ha informado oficialmente que ese escrutinio procurará eliminar o reducir aquellas exenciones contributivas que, según los cálculos contables de funcionarios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), no ofrecen un retorno de inversión a las arcas públicas. Queda por definir, en tanto, cómo se computa ese retorno de inversión y a qué concretamente se refiere.
En un principio, desde el poder ejecutivo se estableció que la formulación de un nuevo Código de Incentivos estaba íntimamente relacionada con la propuesta de reforma contributiva. Sin embargo, la legislatura logró aprobar la referida reforma en la pasada sesión computando recaudos y recortes en otras áreas sin tocar estos incentivos.
Esta es una discusión importante, toda vez que conocemos que, por las pasadas décadas, bajo el pretexto de impulsar nuestra economía, las administraciones que han regentado el gobierno se han desbordado en otorgar incentivos y exenciones a individuos y empresas que no han aportado mucho a nuestra economía.
Ejemplo de esto son las leyes de incentivos contributivos dirigidas, en su mayoría, a inversionistas extranjeros que se mudan a Puerto Rico al amparo de las leyes 20 y 22. Estas leyes, creadas por el pasado gobierno, pero enmendadas en diciembre de 2017 por la actual administración, no han logrado evidenciar cuál ha sido el beneficio neto que ha recibido el país al propiciar una política pública dirigida a incentivar la mudanza de multimillonarios a la Isla a cambio de grandes exenciones.
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Lo que sí sabemos es que tanto la Ley de Reinversión de Capital de Puerto Rico (Ley 20-2014) como la Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico (Ley 22-2012) están hechas a la medida de los intereses de magnates que han bautizado a nuestro archipiélago el Singapur del Caribe. Así las cosas, la legislatura debería poner sus ojos sobre estas leyes a los fines de garantizar el mejor beneficio para el país.
De la misma manera, la asamblea legislativa tiene el deber de proteger los incentivos que sí son importantes para nuestro desarrollo económico, como los subsidios agrícolas, recogidos en su mayoría en la Ley 225, y que permite que agricultores bonafide, ya sean empresas o individuos, puedan recibir exenciones en el pago de contribuciones a la propiedad mueble e inmueble, patentes municipales, ingresos y arbitrios. La intención de esta ley es proveer de un mecanismo fiscal que incentive la actividad agraria, al tiempo que propicia el surgimiento de nuevos empresarios agrícolas y el fortalecimiento de los existentes.
Si hacemos una valoración justa, reconoceríamos que el país urge de mecanismos que fomenten nuestra actividad agrícola y que los estímulos tributarios que se le ofrecen a nuestros agricultores no pueden ser calculados bajo una fórmula rígida que pretenda un retorno de inversión de uno a uno, como han sugeridos los miembros de la Junta de Control Fiscal.
Ya el sector agrícola recibió un golpe con la imposición del presupuesto vigente al reducirse en $20 millones el subsidio salarial que se le concede a los agricultores para el pago de trabajadores, a tenor con lo dispuesto en la Ley 46 de 1989. Queda pendiente que los legisladores revisen este renglón de cara a la aprobación del nuevo presupuesto en junio próximo.
Mas, lo que debemos enfatizar es que, como política pública, el gobierno debe buscar las formas de proteger e incentivar nuestra agricultura y propiciar su desarrollo. Esta es una tarea urgente, mucho más cuando conocemos que la agricultura puertorriqueña ha sufrido el quebranto de funcionarios y administraciones gubernamentales insensibles que no ponen empeño en el desarrollo de ese importante renglón de la economía.
