El país está metido en un debate sobre las peleas de gallos, una actividad que data de los tiempos del coloniaje español en Puerto Rico y que ahora está siendo prohibida por la metrópoli que nos rige, precisamente después de la dominación europea. Anoche la Cámara de Representantes de Estados Unidos refrendó un informe que ya había aprobado el Senado federal poniendo en vigor una nueva ley agrícola que establece, entre múltiples disposiciones sobre otros tantos asuntos, que a los territorios estadounidenses se les extiende la prohibición de las peleas de gallos, que ya existe para los estados.
En Puerto Rico, las peleas de gallos se efectúan principalmente en 65 galleras, generan una actividad económica calculada en $80 millones anuales y crean 27 mil empleos y otros negocios asociados, como los agrocentros. Toda esa actividad quedará tronchada para diciembre de 2019, según determinó anoche el Congreso de los Estados Unidos.
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La discusión sobre este tema ha girado en varios frentes: el cultural, el económico, el ideológico y el que tiene que ver con la sensibilidad humana.
Despachemos rápido ese último aspecto, el de la sensibilidad humana. Resulta grotesco y un retroceso en la evolución del ser humano que, a estas alturas, se generen espectáculos sobre animales peleando hasta casi matarse con el único propósito de entretener o realizar apuestas. Es peor aun que el Estado lo apoye y justifique diciendo que protegen a los animales estableciendo regulaciones para que no lleguen a matarse. Así lo dijo ayer la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes en mi programa radial.
El Estado también dice que defiende esta actividad porque es un asunto cultural y que inyecta la economía. Pues ahí se pueden encontrar argumentos más aceptados. Sin embargo, esos planteamientos chocan con la visión ideológica de la actual administración en pro de la estadidad. Y es que la ley federal prohíbe las peleas de gallos en todos los estados y lo único que nos permitía a nosotros hasta ahora celebrarlas era nuestra condición colonial o de territorio.
La comisionada residente Jenniffer González ha dicho que buscará revertir esta ley durante el próximo Congreso que se instala en enero, y que si fuera necesario, demandará al presidente Trump. Wait! ¿Nuestra comisionada republicana demandará al presidente republicano luego que no pudiera convencer a sus correligionarios congresistas republicanos de detener esto antes de enero, y pretende revertirlo con sus opositores demócratas en enero? Algo no cuaja.
Mientras, el gobernador Rosselló salía anoche hacia Washington para, supuestamente, defender las peleas de gallos, sabiendo que ya era muy tarde, pues el Congreso ya había decidido actuar.
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Algo me dice que González y la administración se hicieron de la vista larga en este issue ante los demás asuntos pendientes en la capital federal que tienen que ver con las ayudas que no acaban de llegar tras el huracán María. Puerto Rico todavía es visto con desconfianza por la alta oficialidad federal y eso pone en juego muchas cosas. No solo la reconstrucción del país se detiene, sino que —como ya han dicho economistas— las proyecciones de crecimiento económico se tendrían que revisar y, con ello, se mantendrá la desaceleración económica. Ello implica que hay que seguir reduciendo gastos, así como detener numerosos planes a niveles público y privado.
Creo que los galleros están solos y es el peor momento para esperar compañía en esa lucha que les depara en el futuro cercano.
