Lo acontecido en el caso de la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, puso de manifiesto la forma indiscriminada en que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) realiza sus investigaciones, sin importar manchar reputaciones de funcionarios públicos que se enfrentan a alegadas imputaciones, muchas veces infundadas.
El caso de Vázquez Garced no es único. Acontece con frecuencia que la OPFEI se lanza al acecho de funcionarios electos y designados a quienes se les violentan los más mínimos y elementales derechos constitucionales a lo largo del proceso judicial.
Desde esa oficina llueven las radicaciones de cargos a servidores públicos, en la mayoría de los casos por interferencia indebida en las operaciones gubernamentales, por omisión en el cumplimiento del deber y por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, en particular el artículo 4.2b, que es cuando se conceden beneficios de una persona para otro fuera del cumplimiento de la ley. Igual a lo que le pasó a Vázquez Garced.
Como ocurrió con la titular de Justicia, la OPFEI actuó según la especialidad de la casa: lanzar denuncias al aire para provocar titulares noticiosos, dando inicio así a una cacería de brujas en los medios informativos desde donde analistas y comentaristas, desconociendo la verdad de los hechos, se encargan de lacerar inclementemente la integridad de quien se investiga.
Así como le ocurrió a Vázquez Garced, a los acusados de la OPFEI se le someten casos por medio de declaraciones juradas que, en la etapa inicial del proceso judicial, en la Regla 6 que se ventila en una sala de investigaciones, no han sido accesibles para los imputados ni para su representación legal.
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En ese proceso tampoco se les ofrece la oportunidad de contrainterrogar a los testigos que sostienen las alegaciones del FEI y, en casi todos los casos, escuchamos a los abogados de defensa indicar que cuando logran revisar los documentos de la OPFEI, se sorprenden por estar plagados de errores y percepciones equivocadas.
Esta es la práctica ordinaria de este ente investigador. Y con esas prácticas se les pasa por encima a quienes se arriman al servicio público a hacer lo mejor que puedan por el país. Hay discriminación y arbitrariedades.
Por eso, tomó por sorpresa que la titular de Justicia reclamara para ella lo que se le niega al resto de las víctimas de la OPFEI. Afortunadamente, en esta etapa inicial del proceso acusatorio contra la funcionaria se resolvió que los procesos judiciales deben ser cautelosos al momento de evaluar el proceder de ese organismo investigativo, en el que, a todas luces, predomina la demagogia, como bien señaló uno de los abogados de defensa de Vázquez Garced.
Sin embargo, la suerte que corrió la señora secretaria en esta etapa no es la misma que han tenido el resto de los señalados por esa entidad. Por el contrario, la tendencia general es encontrar causa de delito al dar por ciertas las evidencias que presenta la OPFEI y que, en esa fase inicial del proceso judicial, no puede ser confrontada con el interrogatorio de los testigos que se presentan.
En el resto de los casos que se ventilan día a día en los tribunales del país, se toman por buenas las declaraciones juradas como dardo acusatorio y se le pasa por encima a cualquier reclamo de protección de los derechos de a quien se acusa.
Por eso, la experiencia de Vázquez Garced debería llevar al Gobierno a reflexionar y actuar para mejorar los procesos de investigación y acusación contra funcionarios públicos.
Lo menos que podemos esperar como ciudadanos es que en lo sucesivo se aplique la misma regla para todos los acusados por la OPFEI y que, igualmente, se revisen las imputaciones de quienes aún están enclaustrados en un proceso investigativo y judicial.
Que se haga por la justicia que debe aguardarle a todo el mundo, no solo a quien ocupa la silla principal del Departamento de Justicia.