El pasado fin de semana parecía sacado de pleno año electoral. Movilización de alcaldes, negociaciones y búsqueda de endosos; anuncios de campaña y augurios de victoria. Todo llegaba pintado de rojo y azul. En un bando, cinco aspirantes a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular, delegados y una que otra candidatura adicional. En el otro, el PNP con endosos a las aspiraciones del senador Miguel Romero para convertirse en alcalde de la capital y la certeza del gobernador de que se postulará y revalidará en los comicios de 2020.
Pero a pesar de lo mucho dicho, en el balance son más las preguntas sin contestar que las respuestas producidas por la avalancha de precandidatos. Todos tienen el respaldo del pueblo “porque es lo que ven en la calle”. Todos tienen la certeza de que vencerán. Solo que no está claro para qué la victoria en medio de un complejo tablero de juego en el que los oficiales electos y su radio de acción se ven limitados hasta el ahogamiento por la Junta de Control Fiscal.
PUBLICIDAD
Si los pasados comicios fueron complicados para el partidismo, el 2020 augura mayores problemas. El primero de ellos es, precisamente, la Junta. El ente que ayer le recordaba al gobernador que tiene la obligación de consultarle hasta las órdenes ejecutivas. Esas que, por definición, no requieren consulta de ninguno de los demás poderes constitucionales. Aquí, en el Puerto Rico del Gobierno “supervisado”, el muy democrático Congreso federal ha facultado a los integrantes de un organismo no electo a ordenarle a un gobernante electo consultar antes de emitir una orden para la que, en teoría, está facultado por ley. Y así,en un escenario en el que los poderes del Ejecutivo y el Legislativo se han visto cuartados gracias al Congreso de los Estados Unidos y Promesa, ¿pueden realmente prometer algo que no esté sujeto al permiso previo de la Junta Fiscal los candidatos a puestos electivos? ¿Podrán cumplirse promesas de campaña sin contar con “la bendición” de ese ente que nos recuerda que hoy más que nunca es un hecho que estamos subordinados a los poderes del Congreso?
¿Pueden tener la expectativa real, los candidatos a puestos electivos, de proponer y encaminar planes económicos sin antes consultar esos planes con la Junta? En medio de este escenario histórico, las opciones parecen limitadas para quien decida aspirar a un cargo electivo. Pedir un voto para llegar al poder como colaborador de la Junta e instrumento para adelantar sus planes para la isla, en el mejor de los casos, intentando convencer a sus integrantes de la bondad de sus ideas; o intentar combatir al ente fiscal y, con ello, recordarle a Washington que la democracia no es solo necesaria en el discurso, sino que, para que sea cierta, exige ser validada en los hechos. Siempre. ¿Candidato para qué?
