Si algo ha quedado claro en estos días es que la función de investigar y procesar objetivamente a funcionarios públicos señalados por violaciones éticas o casos de corrupción debe superar la vieja Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y dar paso a la creación de una nueva entidad con más independencia de criterio y en la que la ciudadanía pueda depositar su confianza.
La OPFEI carece de credibilidad. Esto es algo que se ha planteado ad nauseam en los últimos años. La forma en que se conducen las investigaciones en ese organismo levanta sospechas de hasta dónde se cuecen pesquisas conducidas por revanchismos o, simplemente, trabajadas a la ligera, en la inmensa mayoría de las ocasiones violentando derechos elementales de los implicados.
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Y que conste, lo que advertimos no significa una defensa a favor de la más reciente víctima de la OPFEI, la todavía secretaria de Justicia Wanda Vázquez, de quien se ha anticipado será acusada a finales de esta semana por delitos relacionados con una alegada intromisión suya en una investigación judicial contra un par de sujetos implicados en un robo domiciliario en la residencia de su hija.
De lo que se trata es de la urgente necesidad de generar cambios fundamentales en la forma en que el Estado realiza sus procesos de investigación en casos de corrupción pública porque la OPFEI ha echado a perder su integridad como consecuencia de la forma tan arbitraria en que conduce sus investigaciones.
En este sentido, le corresponde a la Legislatura crear las medidas necesarias que garanticen los mecanismos imparciales e independientes en los que la ciudadanía pueda confiar al momento que se desarrollen investigaciones en casos de corrupción.
Por ejemplo, hay que evitar los contratos de servicios a municipios y agencias públicas que se otorgan a los fiscales del Panel del FEI por el conflicto que eso representa, un hecho que se suma a las flaquezas que viene mostrando hace varios años la operación de esa dependencia cuasijudicial.
Esto, entre otras cosas, despierta dudas de la pulcritud e imparcialidad con que se puedan llevar a cabo las investigaciones en la OPFEI y, para resolverlo, es necesario mucho más que establecer controles. El momento exige que atendamos este asunto desde su raíz y demos paso a la creación de una nueva entidad investigativa más integra y menos costosa.
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Ante eso, el senador Cirilo Tirado Rivera ha sido consistente en proponer cambios sustanciales a la OPFEI mediante la presentación de medidas legislativas que, lamentablemente, no han logrado atenderse con el rigor que merecen.
En su propuesta, el legislador ha impulsado la creación de la figura del Procurador Contra Delitos a la Función Pública, un funcionario que tendrá la facultad de instar acciones criminales ante los tribunales de justicia fundamentadas en aquellas investigaciones realizadas contra todo funcionario electo y funcionarios públicos que ocupen un puesto regular, de confianza, de carrera o por contrato en el Gobierno de Puerto Rico.
Este procurador podrá llevar acciones contra todo funcionario que se le impute la comisión de cualquier delito grave y menos grave, tales como que incurra en conducta inmoral o en actos ilegales que impliquen abandono inexcusable, negligencia inexcusable que resulte lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones.
A su vez, podrá suspender de empleo a un alcalde cuando se haya encontrado causa para arresto por delito grave y los delitos contra la función pública y el erario; o delito menos grave que implique depravación moral.
Al mismo tiempo, podrá instar acción para la destitución de un alcalde cuando este incurra en conducta inmoral o en actos ilegales que impliquen abandono inexcusable, negligencia inexcusable que resulte lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones.
En los casos en que lo considere, el Procurador Contra Delitos a la Función Pública podrá nombrar un procurador investigador para llevar a cabo una investigación en casos en que se reciba información confiable y que, a su juicio, constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito grave o menos grave.
Estos cambios son necesarios por que el país merece ganar confianza en sus instituciones y ya es tiempo de cambiar la forma en que se realizan las investigaciones a funcionarios públicos en aras de fortalecer la independencia, la neutralidad, la integridad y la transparencia del Estado en los procesos de investigación.
