Durante la pasada semana, fui invitado por la Universidad de Girona en Cataluña, a brindar varias conferencias sobre Puerto Rico y su condición colonial, a estudiantes y profesores de derecho internacional y ciencias políticas de dicha institución. Aproveché la oportunidad además, para establecer puentes y lazos con diversos grupos políticos de izquierda, tanto en Cataluña como en España.
Si bien la experiencia en el viejo continente fue única y enriquecedora, ya a lo último sentía el llamado de mi isla –particularmente por el clima- y luego de varios contratiempos y pérdidas de vuelo en las conexiones del viaje de regreso, esta semana regresé.
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Para “sorpresa” mía, muchas cosas sucedieron durante mi ausencia. En primer lugar, me resulta alarmante llegar y enterarme que la secretaria de justicia está siendo procesada criminalmente, por delitos relacionados con su cargo. Por la institución que representa, no puede seguir en su cargo. La secretaria de justicia, por Ley es la tercera en línea de sucesión a la gobernación. Por ello, las únicas alternativas son su renuncia inmediata o la destitución de su cargo por el gobernador, en protección del mejor interés público.
En segundo lugar, nuevamente la policía de Puerto Rico utiliza la fuerza de choque para atropellar y violar los derechos civiles de la Colectiva Feminista y todas las manifestantes que luchan por la equidad y la justicia y que denuncian los crímenes y la violencia machista. En estos momentos que el grave problema de violencia de género ha alcanzado el nivel de convertirse en una emergencia nacional, es una mezquindad mayor que las instituciones del gobierno intenten deslegitimizar este reclamo.
En tercer lugar, el saliente presidente republicano del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal Rob Bishop, le envió una carta al secretario de Justicia federal sugiriendo que la próxima consulta sobre el futuro político de Puerto Rico sea un referéndum estadidad sí o no, cuya papeleta sea avalada por el Departamento de Justicia federal.
Inmediatamente los estadistas en la isla celebraron este “aguaje” patético del congresista con jurisdicción sobre el tema del estatus de Puerto Rico, que no realizó ni tan siquiera una vista pública sobre el proyecto de estadidad de Jennifer González. Los populares por otro lado, insisten en que en un proceso avalado por el congreso el ELA tiene que estar entre las opciones. Hay cosas que simplemente no cambian.
Como si todo lo anterior fuera poco, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló varios documentos, cartas y correos electrónicos, en los que se demuestra que miembros del Congreso y otros funcionarios federales, piden cuentas a los miembros de la Junta de Control Fiscal, coordinan reuniones, hacen conexiones entre funcionarios o contratistas, intercambian documentos e intervienen en sus expresiones públicas.
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En esta serie de publicaciones del CPI podemos percatarnos de como Senadores Republicanos promovieron en secreto la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica así como, la influencia de estos funcionarios federales para adelantar el cobro de los bonistas de COFINA, en perjuicio del pueblo de Puerto Rico.
En resumen, estas comunicaciones que el CPI obtuvo luego de ganar un pleito judicial contra la Junta –ya que estos se negaban a entregar la información- han demostrado que el único interés de la misma es adelantar su agenda de agente de cobro de los bonistas, con las presiones e influencias de congresistas y funcionarios del gobierno federal que solo buscan adelantar sus intereses en perjuicio del Pueblo de Puerto Rico.
