Opinión: Somos violentos, ¿Y ahora qué?

Lea la opinión del periodista Julio Rivera Saniel

Por Julio Rivera Saniel

Durante mucho tiempo hemos querido aferrarnos a una visión romántica del país.

Una mirada anclada en lo que hemos sido; en lo que fuimos. Tal vez por eso la incapacidad de reconocer lo que somos. Puerto Rico, lo queramos admitir o no, es hoy una sociedad violenta. Si no, compare los números de la isla con los de otros países o jurisdicciones.

Con más de 300 asesinatos en lo que va de año, las muertes violentas se han convertido en parte de nuestra cotidianidad y las hemos aceptado como parte de la nueva normalidad, así, sin mucho aspaviento. Con una resignación pasmosa que lleva a más de uno pensar que se trata de un problema sin solución.

Pero nuestra realidad violenta no ocurrió de la noche a la mañana. Se ha ido construyendo durante décadas. Y así, poco a poco, nos hemos  acostumbrado al grito y al bocinazo como la conducta correcta en una tarde de tapón. A la grosería o el empujón en el ascensor lleno de público en el lugar de trabajo. A darle valor  al chisme sobre los hechos. A ver como valor, y no como defecto, el discurso político ofensivo, atropellador, confrontacional y estridente. A aceptar con pasmosa tranquilidad los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas.

Sobre esto último hemos tocado fondo con más de 20 asesinatos en lo que va de año. Una crisis en toda norma. Si no lo cree, eche un vistazo al mundo y a sus cifras. Por ejemplo, en España, donde la sociedad ha llegado al consenso de que existe un grave problema de violencia de género, en lo que va de año se han reportado 44 feminicidios. Si hacemos el ejercicio de comparar esa cifra con la nuestra (22 casos) y luego las ubicamos en el contexto de que nuestra población es de poco más de 3 millones de habitantes, y la de ese país supera los 46 millones, no podemos hacer otra cosa que escandalizarnos.

Pero el escándalo requiere acción. Eso, precisamente, es lo que desde hace meses han estado denunciando organizaciones que validan los derechos de las mujeres y combaten la violencia machista. Primero lo hicieron tras el paso del huracán María, momento en que informes denunciaban un aumento en las violaciones en refugios y la incapacidad de las autoridades de documentar denuncias o proteger a víctimas. Más tarde, alarmadas por el aumento de muertes de mujeres en las cifras oficiales, exigían al Gobierno un plan concreto.

Hoy la necesidad de una respuesta articulada es más que urgente. ¿El primer paso? Aceptar que tenemos un problema. Negarlo solo hará que el problema sea mayor.  En segundo término, combatir la impunidad. Garantizar el procesamiento efectivo de los casos denunciados —incluidas las más de 70 querellas contra agentes de la Policía y la bochornosa acumulación de safe kits en Ciencias Forenses— enviará un mensaje de intolerancia a cualquier manifestación de violencia de género. Y en tercer término, hacer caso a todos los estudios formales que dejan claro que cualquier batalla exitosa contra la violencia machista debe, inevitablemente, incluir la educación por la equidad desde los hogares y desde las escuelas.

Solo de esa forma el país será capaz de revertir esa crianza que coloca al hombre como superior, y a la mujer, como una criatura subordinada; una “cosa” que le “pertenece” al macho. Esa victoria parecía definitiva, pero,  en una movida electorera y tristemente irresponsable, Educación, liderada por una mujer, decidió echar esa importante arma contra la violencia machista a la basura.

La nueva procuradora de las mujeres, Lersy Boria, se ha expresado públicamente a favor de la restauración de esa política pública y ese hecho es un paso importante en sí mismo. En lo sucesivo, para que la funcionaria pueda cumplir a cabalidad con lo que se espera de su cargo, deberá tener claro un asunto en el que muchas de sus predecesoras han fallado: aun cuando la procuradora de la Mujer es designada por un gobernador, la funcionaria no es parte de la administración de turno, no es parte del gabinete ni jefa de agencia. Su cargo exige total independencia y fiscalización activa de todas las ramas de gobierno. Y eso, inevitablemente, la colocará, en ocasiones, frente a frente a la oficialidad.

Solo entendiéndolo podrá aspirar al éxito en sus gestiones y, como consecuencia, a un país más justo para todos y todas.

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