Cuando Héctor O´Neill renunció como alcalde en el verano de 2017, quedaban tres años y medio de su término.
En Santa Paula, la urbanización de clase media donde me crie en Guaynabo, solo se hablaba de si Ángel Pérez o Carmelo Ríos lo sustituiría tras un cuarto de siglo dirigiendo el municipio.
Pero, por ley, solo unos pocos de los vecinos que tanto hablaban sobre el tema podrían votar. Los demás estaban marginados o, más específicamente, disenfranchised.
La vecina del lado es una popular reventá que, sin embargo, había votado fielmente por Héctor O´Neill desde que Junior Cruz falleció. Ella no podría escoger su sucesor. Otro vecino, un independentista con una gran bandera de Puerto Rico en el techo, estaría proscrito de votar por la persona que determinaría su calidad de vida por tres años y medio. Un no afiliado estaba en el mismo bote. Y hasta había un estadista que, por no estar afiliado al Partido Nuevo Progresista, se vería imposibilitado por ley de escoger a su nuevo alcalde correligionario.
El estado de derecho actual dispone que, si un alcalde renuncia, es removido o fallece, será sustituido en unas primarias donde participarán los miembros del partido al que pertenecía el saliente funcionario. Esta situación actual inhabilita a miles de ciudadanos que, como en el caso de Guaynabo recientemente, no pueden participar en el proceso electoral para escoger al funcionario que más directamente atiende sus necesidades.
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Es, en pocas palabras, una situación antidemocrática. Y es distinta de lo que sucede cuando se sustituye a un legislador porque este no tiene tanta injerencia directa sobre la vida inmediata de sus constituyentes como un alcalde (no recoge la basura, no dirige la Policía municipal, etc.)
Pero, con todo y lo mala que es la situación actual, parece ser mejor que la que proponen algunos alcaldes a través del Proyecto del Senado 1113, que radicaron por petición en la Legislatura.
Si se aprueba esa medida, ahora ni tan siquiera los electores afiliados al partido del saliente alcalde podrán participar al escoger al sucesor. Esa decisión estaría en manos exclusivas de las asambleas de delegados municipales. Y si usted no sabe lo que es eso, no está solo. Las asambleas de delegados municipales son cuerpos políticos reducidos que responden, la mayor de las veces, a los alcaldes y a la maquinaria tradicional de los partidos. Son casi inamovibles y, usualmente, las cosas que se dirimen allí ya están planchadas de antemano.
Es decir, el método para escoger a un alcalde ahora mismo es antidemocrática. Si se aprobase el proyecto legislativo, sería faraónico. En realidad, sería la antítesis del proceso democrático tradicional, en el que los gobernados —los ciudadanos— dan su consentimiento y escogen en la urna a su líder.
Luis Pabón Roca sugirió en su programa radial en WKAQ que esta medida quizás responda a que muchos alcaldes, hastiados del Gobierno central y a punto de recoger maletas, quieren dejar a sus allegados entronizados en el poder. Y, a veces, la democracia —el voto directo— dificulta, entorpece, encarece o hasta descarrila ese deseo.
Otra posibilidad es que los alcaldes, ya resignados con el gobernador, buscan una confrontación directa con La Fortaleza porque sienten que no tienen nada que perder.
Pero, independientemente de las piezas del ajedrez político, el Proyecto del Senado 1113 le quitaría prerrogativas y mollero a la mayoría: a la gente, a los gbernados, a quienes no les importa un bledo si un alcalde desea ser estado, república o colonia, porque lo que quieren es calles seguras y basura recogida.
Algunos alcaldes que proponen este nuevo método antidemocrático de selección son, irónicamente, los que se quejan de la naturaleza antidemocrática de la Junta.
Las imposiciones a la trágala, sin consultar a los gobernados, son malas vengan de los cuartos en mármol en Washington D. C., donde se creó Promesa, o de los cuartos con ventanas miami, donde suelen reunirse las asambleas de delegados municipales.