El pasado miércoles en la noche se aprobó en la Cámara —atropelladamente y sin debate— el Proyecto 1837, que viabiliza el acuerdo entre la Junta de Control Fiscal y los bonistas. El nuevo acuerdo recogido en la propuesta ley solo continúa con la mala práctica del Gobierno de seguir endeudándose para pagar a los bonistas.
La deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) es el 24 % de la deuda total de Puerto Rico, y su principal aproximado es de 17 billones de dólares. Dicha deuda nunca ha sido auditada y su legalidad se ha cuestionado desde el principio.
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El PC 1837 compromete los recaudos del IVU, para pagar, en primer lugar, a los bonistas por un periodo de 40 años, lo cual significará una reducción en fondos para cumplir con los pensionados y para otros usos públicos. Como si fuera poco, de no recaudarse anualmente lo necesario a través del IVU, como probablemente ocurra, debido a la situación económica y la crisis fiscal en la que está inmerso el país, todo déficit en los recaudos se añadirá a la deuda original y se aplicarán intereses compuestos, haciendo la deuda sustancialmente mayor y convirtiéndola en insostenible.
Este acuerdo beneficia grandemente a los bonistas más poderosos, en su mayoría fondos buitres, que adquirieron bonos categoría senior a 50 centavos por cada dólar y que, con el acuerdo, cobrarán 93 centavos por cada dólar, para una ganancia de casi el doble de su inversión. En el caso de los bonos categoría junior, recibirán hasta 56 centavos por cada dólar —luego de adquirirlos entre 10 y 15 centavos— totalizando una ganancia de más de cuatro veces su inversión. Un negocio redondo para los fondos buitres, orquestado por la Junta de Control Fiscal, que ha ejercido sus mejores oficios para cumplir con su tarea de agente de cobros de los bonistas. Todo ello, a costas del futuro y bienestar de nuestro país.
A fin de cuentas, el pueblo de Puerto Rico terminará pagando aproximadamente 33 billones de dólares por una deuda de 17 billones. En otras palabras, el acuerdo refrendado en la Cámara por la mayoría del PNP y por un legislador del Partido Popular será pagar el doble de lo adeudado, a expensas de hipotecar el país por 40 años.
Pero si todo lo antes expuesto no es suficientemente aterrador, otros de los acuerdos que se recogen en la medida aprobada incluyen que cualquier ahorro producido con el refinanciamiento de deuda de COFINA se debe usar para repagar cualquier deuda pendiente de pago bajo el mismo acuerdo; el IVU comprometido para el repago de COFINA permanece confiscado hasta que se salde cualquier deuda nueva, aunque exceda los 40 años de la ley; se comprometen ingresos del Fondo General para pagar los costos de abogados y otros gastos en efectivo de los bonistas de Obligación General que luego compraron bonos de COFINA en medio de las negociaciones confidenciales.
En síntesis, la Junta de Control Fiscal se ha encargado de validar una deuda cuya legalidad está en entredicho, acordando las mejores condiciones de recobro para los fondos buitres, a expensas del empobrecimiento de los pensionados e hipotecando el futuro de nuestra isla. Todo ello con el aval de la Asamblea Legislativa y la administración de turno, que ahora validan esta atrocidad y se la imponen al país por la “puerta de atrás”, sin debate y sin explicaciones.
