Era 2006 y el Instituto de Ciencias Forenses vivía una crisis que resultaba imposible de ocultar. Sin recursos suficientes y la consiguiente sobrecarga de trabajo de los empleados, el entonces instituto vivía momentos difíciles. Amontonamientos de cadáveres (y casos) y atrasos en la entrega de cuerpos e informes periciales eran la orden del día.
Para los más jóvenes —o los de mejor memoria— se trata del mismo escenario experimentado en el ahora “negociado” tras el paso del huracán María. Y aunque la cosa parecía estar encaminada tras las denuncias públicas y un revelador informe legislativo, esta semana esa dependencia gubernamental parece estar viviendo un retroceso: primero, con la renuncia de su director interino, y segundo, con los informes que confirman un escenario en caos.
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Según han denunciado los empleados ( sin que fuera desmentido por la oficialidad), los vagones refrigerados que fueron traídos durante la emergencia fueron entregados, los empleados “prestados” por la Guardia Nacional, devueltos a sus funciones, y todo ello parece haber traído una nueva situación límite. Forenses tendría hoy unas neveras y un vagón que fueron adquiridos bajo la administración de María Conte Miller. Pero el problema es que ya están llenas a su capacidad máxima, que da espacio para 230 cuerpos. Y aunque el presidente del sindicato de Ciencias Forenses asegura que se hace lo posible por colocar los cuerpos de forma “digna”, también es cierto que la institución está a punto de no dar abasto, lo que nos devolvería a la crisis de hace unos meses. A lo anterior, añada el problema irresuelto de los contratos de, al menos, 40 empleados que vencen en diciembre, sin que se tenga certeza de si serán renovados o no, y la avalancha de asesinatos (solo este fin de semana fueron 10) que irá a poner aún más presiones al Negociado. En fin, una bomba de tiempo que afecta de manera directa el componente de seguridad del país. Una fórmula que anticipa problemas. Cuerpos acumulados + escasez de recursos + renuncia del director equivalen a crisis en el esclarecimiento de casos y un nuevo problema de salubridad.
Y mientras todo esto acontece, la Junta Fiscal y el Gobierno Central discuten sobre si hay o no dinero suficiente para añadir vitalidad al aparato de seguridad pública.
La seguridad — junto a la salud y la educación— son áreas esenciales aquí y en la China, por lo que sería imperdonable que el desfile de guagüitas, contratos para achichincles bien pagos y escoltas para funcionarios locales, y de la todopoderosa Junta Fiscal, continúen mientras el país se nos cae en pedazos una agencia a la vez. A buscar el dinero, señores, que con esto de una crisis ahora, y otra después, el horno no está para galletitas.
