Cualquier movida para lograr la transformación energética del país debe incluir, en detalle y con precisión, las rutas para que alcancemos la producción de 100 % de energía renovable limpia durante la próxima década.
Por eso, hay que tener cautela para que detrás de las buenas intenciones que puedan tener algunos representantes de la administración gubernamental no se cuelen iniciativas que nos lleven a establecer lazos de dependencia monopolística con la producción de energía con gas o cualquier otro combustible fósil, lo que ya sabemos que es perjudicial para nuestra salud ambiental.
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El Gobierno tiene que tomarse el tiempo que sea necesario para escudriñar bien cuáles son los trayectos que, como país, debemos emprender para mejorar nuestro sistema de energía y garantizar que los aires de privatización, impulsados con obstinación por algunos políticos y la Junta de Control Fiscal, no empeoren más nuestra realidad energética.
En ese sentido, la premisa para cualquier acción de política pública tiene que estar inscrita en transformar nuestro sistema eléctrico en uno eficiente, sostenible, innovador y económicamente estable, que repotencie nuestro sistema energético con energía renovable limpia.
Así lo ha consignado el grupo Queremos Sol (www.queremossolpr.com), un junte de organizaciones sociales, profesionales y comunitarias que han confeccionado una ruta energética para nuestro país en dirección hacia “la sostenibilidad, basada en el uso de recursos renovables endógenos, principalmente el sol, que promueve la tenencia y el progreso económico local mediante el uso de tecnologías renovables limpias y la implementación de procesos y estructuras inclusivas que persiguen despolitizar y eliminar la corrupción del sistema”.
A su vez, algunos expertos han establecido que la solución energética de Puerto Rico está en la combinación negociada, sin apasionamientos irracionales y de forma científica, de todas las estrategias que disponemos, lo que también incluye aspectos de planificación urbana, revitalización de zonas abandonadas y la utilización de tecnologías pasivas que ahorran energía, como el uso de materiales de aislamiento que reducen el paso del calor a los espacios interiores, ventanas apropiadas para promover buena ventilación e iluminación natural y el uso de colores claros para mejorar la iluminación natural y reducir el impacto del calor, entre otros.
Todo esto, en combinación con el uso de fuentes renovables de energía, como el sol, aportan a que nuestro país tropical se encamine a ser autosuficiente e independiente en la producción energética.
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Claro, la pregunta que salta a la vista es cuán compatibles son los intereses de quienes cabildean a favor de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica frente a quienes abogan por un modelo que fomente el uso de energía renovable limpia.
De entrada, la respuesta es cero compatibilidades. En la privatización hay un afán de lucro, y quien venga a invertir procurará generar ganancias y, ante eso, la producción de energía con fuentes renovables, como el sol, resulta una vía inconciliable. Por eso, el modelo público es el único que crea las condiciones para una verdadera transformación, tal y como ha ocurrido en otros países.
Por ejemplo, en Hawái se trazó una propuesta para llegar al año 2030 con un 70 % de su demanda de energía proveniente del uso de fuentes renovables. Esto se ha encaminado desde y por el Estado, concentrando esfuerzos en el fortalecimiento de sus programas de conservación y eficiencia energética.
Asimismo, hace unos años el Gobierno de las Islas Vírgenes Estadounidenses aprobó un plan para arribar al año 2025 con una reducción significativa en el uso de combustibles fósiles utilizando energía solar fotovoltaica y propiciando el uso de calentadores solares de agua en la mayoría de sus hogares.
También Jamaica, donde hay dependencia a fuentes fósiles y altos costos en el consumo energético, como en Puerto Rico, se estableció una política pública para incentivar fuentes renovables de energía y hasta hace un par de años ya producían el 6 % de su consumo gracias a la instalación de calentadores solares de agua en más de 20,000 hogares, hospitales públicos y hoteles. En ese país, además, hay funcionando ocho centrales hidroeléctricas y cuentan con programas efectivos de eficiencia energética cuya meta es lograr un 12 % de producción con fuentes renovables.
Otro buen ejemplo es Bonaire. En 2007, ese país emprendió un proyecto multifacético para reducir su dependencia en combustibles fósiles y en marzo de 2010 inauguraron una planta de biodiésel alimentada de microalgas que, contrario a otros biocombustibles, no elimina alimentos de la cadena de suministro. Así, a mediados de 2010, lograron generar 50 % de su energía mediante fuentes renovables.
Todas estas iniciativas fueron trazadas con políticas de gobierno que protegieron sus activos públicos. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros?
