Ya se va convirtiendo en costumbre.
El issue de la seguridad es hoy probablemente el asunto que más ocupa las conversaciones de todos en todo el país. Incluso, más que el tema económico fiscal, aun cuando ambos asuntos están irremediablemente vinculados. Y es que cualquiera que sea la estrategia empleada para combatir el crimen, necesita recursos económicos; desde las respuestas más sensatas y potencialmente efectivas, como la reactivación de la economía local hasta el refuerzo del sistema educativo para promover una reducción en la deserción escolar, pasando por las soluciones que garantizan atención a los efectos inmediatos del crimen, como mayores equipos y más y mejor personal.
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Pero ¿cómo garantizar más recursos cuando la asignación de esos recursos no depende exclusivamente del Gobierno electo y, en gran medida, requiere el “permiso” de una criatura del Congreso de Estados Unidos?
El panorama se plantea complicado y, de paso, sume la discusión en un limbo que parece ser una camisa de fuerza.
Si no, mire el caso de la más reciente orden del juez federal Gustavo Gelpí. El magistrado supervisa el cumplimiento de la Reforma de la Policía, un acuerdo entre el Departamento de Justicia Federal (un brazo de la Casa Blanca) y el Gobierno local.
Según Gelpí, el Gobierno tiene que comenzar de inmediato el proceso para garantizar la graduación de nuevos policías en 2019. Pero ¿qué pasa cuando para cumplir la orden el Gobierno necesita la autorización de nuevos fondos por parte de la Junta Fiscal?
Eso, precisamente, alega el jefe de la Policía. Para él, la orden de Gelpí, simplemente queda fuera de sus manos porque ni el Gobierno central le asigna más recursos de partidas que ha destinado a otros gastos, ni la Junta Fiscal le autoriza más fondos.
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Si ese es el caso, estamos ante otro de esos escenarios absurdamente indefinidos que vive el país gracias al Congreso de Estados Unidos y su antidemocrática orden que coloca a la isla bajo el mandato de la Junta Fiscal que nadie eligió. Y si ese es el caso, ¿para qué sirve la orden del juez Gelpí? ¿Qué efecto pueden tener sus instrucciones y la reforma misma si no obliga a la Junta Fiscal a asignar más recursos? La respuesta a esa pregunta es hoy un misterio irresuelto.
Pero, supongamos por un momento que la Junta —como dice Natalie Jaresko— no debe asignar fondos adicionales, y el Gobierno central puede atender las necesidades del componente de seguridad pública moviendo dinero de un bolsillo y pasándolo a otro. El problema con esta opción sigue siendo el mismo. En medio de la batalla de versiones entre la Junta y el gobernador (en la que ninguno mueve un dedo para definir cuales deben ser los servicios esenciales) nadie es capaz de contestar si lo que dice Jaresko es realmente posible.
Como consecuencia de ambos escenarios, es la perpetuación de la incertidumbre sobre la discreción en el uso de fondos y la falta de atención al problema de falta de recursos que vive seguridad pública. La Junta continúa pasando la papa caliente al Gobierno central, y ese mismo Gobierno no solo se canta sin recursos, sino que, mientras usted lee estas líneas, busca recortar aún más los gastos de agencias públicas para conseguir cerca de $209 millones que serían necesarios para cumplir la promesa de campaña de impulsar una reforma contributiva que deje “dinero en los bolsillos de la gente”.
¿Es posible recortar aún más los gastos de las agencias públicas, garantizar la correcta ejecución de las agencias, pagar la deuda y reducir las contribuciones sin afectar el erario? Está claro que las agendas de todos los protagonistas de esta “melcocha” en la que se ha convertido la toma de decisiones del Gobierno son incompatibles. Cumplir la orden de Gelpí, graduar más policías, recortar aún más los gastos del Gobierno sin afectar el servicio a los ciudadanos y garantizar alivios por $209 millones parecerían intenciones mutuamente excluyentes. Si tan solo alguien supiera dónde están los pies, y dónde, la cabeza, en este Puerto Rico pos-Junta Fiscal, la cosa sería más fácil de comprender.
