En las últimas semanas, hemos vuelto a presenciar el problema de la violencia en nuestras escuelas. En este caso, maestros y estudiantes enfrascados en disputas, con empujones y agresiones mutuas. Uno de los incidentes aconteció en una escuela pública del sector de Puerto Nuevo, en San Juan, y otro en el municipio de Utuado.
Este es, sin dudas, un asunto muy serio que requiere de acciones urgentes, mas su discusión no debe centrarse exclusivamente en cómo incrementar medidas punitivas para imponer “disciplina” en los planteles.
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El tema es más complejo y trata, en gran parte, del valor que las autoridades de gobierno le adscriben a nuestro sistema de educación pública y las herramientas de que dispone para lograr verdaderas transformaciones en el ambiente educativo.
Tiene que ver también con la manera en que concebimos la vinculación ciudadana al proyecto escolar, su importancia y significación como eje cardinal del desarrollo de nuestra sociedad y, por consiguiente, de nuestro futuro.
No perdamos de vista que la violencia es un problema social que nos acecha en todos los rincones del país. Por eso, el reto que nos presenta atender este mal, dentro y fuera de las escuelas, requiere de una mirada holística que centre su atención, ante todo, al tema de la convivencia ciudadana, más que en el empeño por acentuar el aparato policial empotrando políticas represivas que, además de desacertadas, suscitan más escepticismo que confianza.
Por un lado, es necesario que las autoridades gubernamentales muestren más acción —y voluntad— para atender y resolver los problemas sociales conexos a la violencia. De cara al futuro inmediato, la urgencia por remediar la violencia y el problema criminal debe iniciar con el desarrollo de un modelo socioeconómico sin exclusiones basado en la igualdad de oportunidades y sostenido en un Estado que garantice la equidad social.
Al mismo tiempo, se necesita impulsar un modelo político amparado en principios de solidaridad, tolerancia e igualdad que procure un mayor bienestar ciudadano. Estas son las bases para la construcción de una nueva cultura que permita a la ciudadanía convivir como comunidad cumpliendo normas sociales justas e igualitarias y aprendiendo a solucionar pacíficamente los conflictos cotidianos en el marco de una visión compartida de país.
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Una nueva cultura ciudadana requiere, además, un fuerte compromiso con el fortalecimiento y la profundización de un modelo democrático que defienda el libre acceso a la información, el conocimiento y, sobre todo, la educación pública gratuita y accesible.
En esa dirección, el rol del Estado se distancia de su dimensión represiva y autoritaria para reconvertirse en facilitador de un proceso de gestión social y comunitaria ofreciendo herramientas para que los ciudadanos desarrollen capacidades de convivencia creando relaciones basadas en la confianza, la tolerancia y el respeto.
El exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, quien logró reducir la incidencia criminal en esa ciudad introduciendo nuevos modelos de coexistencia social, ha dicho que “el concepto de cultura ciudadana parte de la idea de que un Gobierno puede impulsar mejoras sustanciales en la convivencia, la seguridad y la participación democrática de los ciudadanos mediante acciones sobre la cultura y no solo mediante acciones jurídicas o de vigilancia y control”.
En Puerto Rico, por ejemplo, existen proyectos que han mostrado la fórmula de cómo lidiar con conflictos sociales graves, en su mayoría violentos, y que involucra a jóvenes, sostenidos en modelos educativos que inciden en la conformación de nuevos paradigmas de convivencia colectiva.
Ese es el caso de los proyectos escolares que conforman la Alianza para la Educación Alternativa, donde se producen transformaciones impresionantes en la conducta de jóvenes transgresores que han sido abandonados por el sistema de enseñanza tradicional y que, en algunos casos, ya han tenido su primer encuentro con la ley.
Las estrategias de intervención, las metodologías de enseñanza, el modelo de atención biosicosocial y las prácticas de diálogo y concertación han sido claves en el éxito que han tenido las instituciones educativas alternativas que conforman esta alianza, entre las que están Aspira de Puerto Rico, Centros Sor Isolina Ferré, Nuestra Escuela, Proyecto Nacer y el Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio (Peces).
Muchas de las respuestas que buscamos para mitigar los efectos de la violencia, así como prevenirla, están en las prácticas que han instituido estas organizaciones educativas. La pregunta es por qué no replicar este modelo alternativo en el resto de las escuelas públicas del país. Hagámoslo con urgencia, es una asignatura pendiente.
