Las costas de Puerto Rico tienen una extensión aproximada de 799 millas lineales distribuidas en 43 municipios, en las que reside un alto porcentaje de nuestra población. Por años, el partido que represento ha planteado la urgente necesidad de una nueva Ley de Costas enmarcada en la preservación y la protección de estas. Tan reciente como en los dos cuatrienios de la senadora María de Lourdes Santiago y, ahora, bajo mi escaño en la Cámara y el del compañero Juan Dalmau en el Senado, hemos radicado legislación específica para amortiguar los males del pasado que han atrofiado nuestras costas.
Como he planteado en el Proyecto 137 para el establecimiento de una nueva ley de costas, en las últimas décadas nuestra zona costanera ha sufrido impactos negativos y consecuencias significativas debido a diversos factores, como el desarrollo de la industria turística —basada en el atractivo del sol y la playa— junto con las actividades recreativas acuáticas y la extracción de arena de playa para la industria de la construcción. También, el desparrame urbano, la evaluación fragmentada de las propuestas de proyectos han contribuido a un proceso de construcción descontrolada y la destrucción o degradación de dunas, arrecifes, manglares y otros elementos de protección natural.
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De igual forma, la construcción de complejos turísticos y residenciales en la costa ha alterado negativamente los procesos naturales ordinarios que mantienen y dan estabilidad a la zona costanera. La mayoría de las edificaciones y de la infraestructura establecida en las costas de Puerto Rico fue construida durante un periodo de tiempo de baja intensidad ciclónica. Como consecuencia, se ignoró la potencial capacidad destructiva de los huracanes, siendo el ejemplo más reciente María, que, aunque extraordinarios, inciden enormemente sobre la zona costanera.
Tal desafío a los fenómenos naturales ha provocado que la vida y propiedad de miles de personas se encuentren hoy día expuestas a inundaciones, oleaje, marejadas invernales y ciclónicas y tsunamis, con un alto nivel de riesgo de pérdida, tanto de vidas como de propiedad. Los riesgos inherentes a la ubicación de comunidades, industrias e infraestructura en la zona costanera incrementan al considerarse los impactos previsibles del cambio climático. Consideremos también que la transformación de patrones climatológicos y la alteración de la costa constituyen también alarmantes factores de riesgo para la integridad y el equilibrio ecológico.
En síntesis, la sociedad puertorriqueña y el mundo entero se encuentran ante un reto sin precedentes en el manejo de los recursos costeros por los efectos del calentamiento global. La presente generación tenemos la responsabilidad apremiante de establecer una política pública clara, inequívoca y estricta para administrar efectiva y eficientemente nuestra zona costanera. No se trata únicamente del interés en la protección y conservación de nuestros recursos naturales. Una nueva ley de costas es una obligación moral y social.
La propuesta del PIP —por conducto del Proyecto 137, que radiqué en la Cámara desde enero de 2017— es el resultado de años de trabajo y consulta con científicos, expertos, abogados y comunidades. Con ello aspiramos a que sea la base para una discusión inclusiva y seria sobre el futuro de la planificación de nuestro litoral costero. ¡Salvemos nuestras costas!
