Opinión: El congreso es el padre de la criatura

En días recientes, la Organización de Estados Americanos, OEA, atendía la querella que hace años radicaron el exgobernador Pedro Rosselló González y el abogado estadista Gregorio Igartúa.

Ambos reclaman que el Gobierno de Estados Unidos violenta los derechos humanos de los ciudadanos estadounidenses de la isla a quienes, entre otras cosas, no se les permite votar por el presidente. El reclamo parte de la premisa de que el voto por el presidente debe estar atado a la ciudadanía y no al estatus o lugar de residencia de los ciudadanos en cuestión. Sobre esa denuncia existen múltiples opiniones, en gran medida determinadas por la preferencia de estatus de quien las evalúa. Seguro que usted tiene la suya. Pero el planteamiento nos sirve de pie forzado para discutir una violación  que luce aún más clara a la luz de la situación de subordinación de los puertorriqueños en la isla ante Washington: la ausencia de un autogobierno real y los efectos que las decisiones de ese gobierno paralelo, llamado Junta Fiscal, comienzan a tener sobre la vida de todos.

En la famosa vista en la que se atendieron las querellas de Rossello e Igartúa, el Gobierno estadounidense reiteró que, desde su punto de vista, Puerto Rico tiene derecho a la autodeterminación de sus habitantes. O lo que es lo mismo: que los puertorriqueños tenemos el derecho a escoger a quienes dirigen el Gobierno insular.

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Pero el problema con este planteamiento oficial es que no contempla el hecho de que ese derecho al voto no es sinónimo de una verdadera autodeterminación cuando quienes resultan electos no tienen el verdadero poder para garantizar el autogobierno.

Esa realidad es aún más evidente en el Puerto Rico pos-Junta Fiscal. PROMESA, esa determinación del Congreso de Estados Unidos que contó con el aval de diversos miembros de la clase política local y —por que no— con la bendición de un gran sector del país, nos ha dejado con un Gobierno de poder menguado, siempre sujeto al “permiso” de una Junta no electa de manera democrática.

Lo que hace nuestro déficit de gobierno aún más dramático es que la Constitución local recibe ya oficialmente el trato de una mera ley que, como el resto de las leyes aprobadas por la Legislatura, está sujeta a los designios de la Junta. Así, nuestro autogobierno se encuentra en el limbo.

Según expertos en derecho, la Junta no solo puede revertir decisiones tomadas por las ramas de gobierno, sino que puede “castigarlos” si se niegan a seguir sus instrucciones. Según análisis jurídicos, esa misma Junta puede, además, disponer de los bienes de los puertorriqueños a su antojo. Incluso, según abogados expertos en derecho ambiental, podría vender o regalar nuestros terrenos, incluso aquellos que por ley han sido designados como zonas protegidas. Después de todo, ¿por qué habría que respetar una ley si, a fin de cuentas todas quedan subordinadas a los poderes otorgados a la Junta  por el Congreso?

Y los poderes faraónicos de la Junta ya comienzan a tomar víctimas. Ese ente no solo ha ignorado su responsabilidad de establecer cuáles son los “servicios esenciales” de los puertorriqueños (sí, tiene derecho a escoger sin consultarnos), sino que, con sus acciones, ya ha dejado claro que la educación, la salud y la seguridad no son obvios servicios intocables. Si no, pregunte a la Policía. En plena crisis social y con la anticipada crisis de seguridad que suponía la devastación tras el paso del huracán María, la Junta determinó realizar recortes al presupuesto de la Uniformada por cerca de $30 millones. ¿Su efecto práctico? Resulta imposible graduar a nuevos policías en momentos cuando, desde la Legislatura, se habla de una baja de 500 agentes. No es casualidad que diversos renglones de la incidencia criminal continúen su ascenso y que contribuyentes, como es el caso de los vecinos de Condado en San Juan, consideren la opción de pagar de sus bolsillos policías privados para atender el déficit de agentes, provocado, en gran medida, por los recortes de la Junta.

Pero mientras en la isla vivimos los duros efectos de los recortes, en el Congreso —donde la Junta fue parida— solo hay indiferencia. Como la madre o el padre que se desentienden de sus hijos, el Congreso —indudable padre de la Junta— se mantiene indolente ante el déficit de democracia que supone la imposición de sus emisarios, y la creciente violación de los derechos civiles y humanos de los que vivimos en la isla y que vemos cómo, consistentemente, se opta por reducir servicios de los ciudadanos sin su consulta o consentimiento. Un claro  déficit de democracia indigno de quien se llama a sí mismo defensor de la democracia dentro y fuera de casa.

Suficiente con seguir mirando de largo. A arreglar el entuerto que ha ayudado a crear.