Si algo está bien claro en la discusión pública es que los pagos por las reclamaciones de los seguros apenas son una menguada porción de la proyección original que trazó el Gobierno.
La situación es crítica, máxime cuando la norma establece que, ante un desastre natural, los seguros privados son los primeros en responder para cubrir los daños, previo a la intervención de las agencias del Estado y del Gobierno federal. Aquí pasó lo contrario.
Tras un año del paso de los huracanes Irma y María por la isla, eventos que dejaron la mayor devastación producida por un desastre natural en nuestra historia reciente, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) ha constatado 276,000 reclamaciones, de las que indican que hay 83,000 que ya están cerradas, aunque los asegurados no hayan recibido sus pagos.
PUBLICIDAD
Esa misma oficina ha notificado más de medio centenar de órdenes contra las aseguradoras, con multas que ascienden los $5.9 millones, para atender 19,607 reclamaciones de asegurados. A su vez, esta agencia ha recibido 1,658 querellas, la gran mayoría de ellas sin resolver, y hace unos días tuvo que intervenir con la firma Real Legacy e imponerle una orden de rehabilitación luego de que los examinadores del regulador de seguros concluyeran que esa compañía no tenía capital para continuar sus operaciones.
Real Legacy, que pertenece a la Cooperativa de Seguros Múltiples, ha sido una de las aseguradoras más multadas por la OCS y encabeza la lista de las compañías de mayor retraso en el pago de sus reclamaciones, al extremo de que se señala que adeuda muchos millones a sus clientes. Curiosamente, los regentes de la Cooperativa de Seguros Múltiples, así como el resto de la familia del cooperativismo puertorriqueño, no han opinado sobre este fiasco.
La indolencia que han mostrado las aseguradoras para atender la crisis derivada del paso de esos dos huracanes por la isla ha tenido grandes consecuencias en su imagen institucional. A partir de María, el negocio de las aseguradoras ha quedado al descubierto y poca gente confía en su eficiencia.
Ante ese golpe, y como era de esperarse, la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese) ha lanzado una ofensiva campaña publicitaria para tratar de limpiar la imagen de sus negocios.
Pero nadie les cree. La ineficiencia de este sector ha sido crasa. Basta examinar las miles de reclamaciones pendientes de municipios, agencias de gobierno, grandes comercios, condominios e individuos. Basta caminar por el país y escuchar a los comerciantes lamentarse por no haber podido comenzar operaciones en sus negocios por falta del pago del seguro. O, simplemente, oír las quejas de los individuos quienes, a un año de la tragedia, todavía no han realizado las mejoras que sus hogares requieren. Luego de la gran devastación sufrida con el impacto de Irma y María, las aseguradoras han mostrado una actitud de indolencia, arrastrando los pies para evitar pagar las reclamaciones de sus clientes y ofreciendo migajas por compensación. No hay dudas de que estas empresas están trabajando para ahorrarse los millones de dólares que les corresponde pagar.
PUBLICIDAD
Hay que reconocer la gestión del gobernador Ricardo Rosselló al presentar dos acciones legales contra las aseguradoras.
Una es una demanda de clase presentada por el Departamento de Asuntos del Consumidor, que busca evitar que una aseguradora asuma como defensa para no indemnizar a sus clientes el alegado término de caducidad de un año para incoar demandas ante los tribunales. Esta acción busca frenar la movida de último minuto que lucieron las aseguradoras para evadir su responsabilidad.
La otra iniciativa legal responde a una demanda de sentencia declaratoria presentada por la OCS requiriendo que el tribunal determine que ese término de un año no es de caducidad, sino uno prescripción, que puede ser interrumpido mediante reclamación extrajudicial, como la reclamación en el foro interno de la aseguradora.
La Asamblea Legislativa también ha estado discutiendo varias medidas para proteger a los asegurados y se espera que, en los próximos días, sean aprobadas.
Mientras, la ciudadanía aguarda porque alguna de las acciones judiciales encaminadas comience a dar frutos. Que lleguen pronto los pagos que las compañías de seguro tienen que hacerles a sus clientes. El país, y nuestra economía, también necesitan de esa inyección económica.
