En guerra avisada no muere gente

Lea la columna de Julio Rivera Saniel

Por Julio Rivera Saniel

Hoy es un día clave para la Policía de Puerto Rico.

Según confirmaran ayer diversas fuentes y dejara claro la exsuperintendente de ese cuerpo Michelle Hernández, este martes se llevará a cabo una vista privada en la que se determinará si la Policía ha cumplido con los 11 puntos acordados en su famosa reforma. No se trata de tarea pequeña, sino de una faena abarcadora que toca varios puntos, como el cumplimiento de derechos humanos, las relaciones con la comunidad, adiestramientos, uso de la fuerza, discrimen por género, raza y gerencia. Y los requerimientos no se dan en el aire.

Casos como el asesinato de Miguel Cáceres, un motociclista que fue abatido a tiros por un agente de la Policía en el barrio Punta Santiago de Humacao luego de que dos agentes lo derribaran a golpes; o como el exceso de fuerza empleado por agentes que vigilaban el Capitolio en medio de una manifestación liderada por el entonces superintendente José Figueroa Sancha en 2010. Arrestos indiscriminados contra ciudadanos de la comunidad dominicana, motivados solo por su origen nacional o su raza, o atropellos a  miembros de la comunidad LGBTT. La lista de detonantes de la reforma de la Policía es amplia y, tras el diagnóstico del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Gobierno local acordó poner fin a todo lo anterior.

El problema es que, luego de cuatro años, expertos en el tema parecen coincidir que, a las puertas de la evaluación que realizará el juez federal Gustavo Gelpí, los planes de mejora —salvo contadas excepciones— se han quedado en el papel.

En ello han coincidido portavoces de la American Civil Liberties Union (ACLU), la Comisión de Derechos Civiles y el Comité Dominicano de Derechos Humanos. Todos, al tratar de identificar las fallas que han evitado el alegado estancamiento en el progreso de la reforma, han identificado varios puntos comunes. En primer lugar, la presunta actitud del juez Gelpí en hacer cumplir los acuerdos. En segundo término, la falta de interés del liderato de la Policía en mover las reforma escritas sobre papel y, en tercer lugar, la aprobación de la Ley 20, que crea la estructura de seguridad publica. Según la Comisión de Derechos Civiles, la falta de interés del liderato actual de la uniformada le ha llevado a quejarse de falta de recursos para cumplir con la reforma, pero, en una abierta contradicción, a devolver parte de los $20 millones que se destinan anualmente para adelantar los cambios requeridos.

Según el más reciente informe del monitor federal de la Policía, el pasado año, la Uniformada  utilizó solo 8 de los $20 millones enviados para la reforma. El resto —se cree— fue enviado al fondo general.

A lo anterior debe añadirse el poco progreso que ese mismo informe denuncia sobre la atención a querellas  dentro de la Policía. Según el último conteo 899 de ellas continuaban sin ser atendidas y adjudicadas, a pesar del requerimiento de que sean resueltas en un periodo no mayor de los 90 días. Para que usted tenga una idea, según la Comisión, en esa cifra de querellas acumuladas figuran algunas que exceden los 4 años de haber sido sometidas.

Una historia similar es el manejo de estadísticas que ha enfrentado señalamientos históricos.

Y así, en medio de ese panorama, el juez Gelpí evaluará los avances de la reforma, de cara al inicio de su periodo en cumplimiento. Y el problema para la Uniformada y para el país es que, si el progreso no es evidenciado, la Policía se enfrenta a varios posibles escenarios, entre ellos multas (como si en medio de la crisis tuviéramos dinero para botar en regaños por no haber hecho lo que corresponde) o, en el peor de los casos, la colocación de un síndico que tomaría el control de la Policía.

Lo peor del caso es que, cualquiera de esos escenarios —de convertirse en un hecho— sería el resultado de  una crasa omisión por parte de las autoridades, que han hecho poco, no solo para adelantar los puntos de mejora de la reforma, sino para reconocer la existencia de un problema y validar los acuerdos a los que la isla se sometió de manera voluntaria. En guerra avisada, no muere gente, reza aquel viejo dicho. Ojalá que, en esta, para la que tuvimos años para prepararnos, no se produzcan bajas.

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