Si alguien todavía dudaba del trato desigual del Gobierno federal hacia Puerto Rico, ha llegado nueva evidencia judicial.
Hace poco más de dos años, el Gobierno federal defendió como gato boca arriba en el Tribunal Supremo de Washington que el poder sobre Puerto Rico lo tenía exclusivamente el Congreso. En enero de 2016, la abogada del presidente Obama dijo en el famoso caso Sánchez Valle que un individuo no puede ser acusado del mismo delito en la corte estatal de Carolina y en la corte federal de la avenida Chardón.
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Si eso pasaba, se violaba la cláusula de doble exposición, que protege a los ciudadanos de ser procesados más de una vez por la misma ofensa. La colonia benefició, como pocas veces, a la defensa.
Ese doble procesamiento criminal no se puede hacer en Puerto Rico porque las autoridades estatales y federales no tienen fuentes de poder separadas; es decir, ambas existen en virtud del Congreso de Washington.
Contrario a Puerto Rico, en estados como Nueva York, Florida y Texas, un individuo acusado por un delito en la corte estatal sí puede ser acusado por exactamente el mismo delito en la corte federal.
La razón de la diferencia es que se entiende que los estados —contrario a un territorio como Puerto Rico— tienen soberanía dentro del sistema federal. Esa soberanía de los estados les permite organizar sus sociedades, incluida la manera como se castigan ofensas penales.
Recientemente, en el estado de Alabama pasó algo muy similar a lo que sucedió en Puerto Rico con Sánchez Valle, aunque con una respuesta federal diametralmente distinta.
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En Puerto Rico, Luis Sánchez Valle intentó venderle un arma de manera ilegal a un agente encubierto. Lo procesaron en el tribunal federal y, luego, en el tribunal de Carolina. Y el Gobierno federal dijo que eso no se podía.
En Alabama, en cambio, se procesó tanto federal como estatalmente a Terance Martez Gamble por la misma ofensa de poseer un arma de fuego tras una convicción. El Gobierno federal dice que, en este caso, eso sí se puede.
El Gobierno federal ahora pelea como gato boca arriba en el Supremo, pero esta vez es para que Alabama —contrario a Puerto Rico— sí pueda procesar al individuo separadamente bajo sus propias leyes penales.
Alabama y el Gobierno federal se consideran entidades separadas y distintas; Puerto Rico y el Gobierno federal, no. Son la mima cosa. No hay diferencia legal cuando del campo penal se trata.
En ambos casos, casi idénticos, el Gobierno federal tomó posturas radicalmente distintas. En Alabama, defendió ferozmente la soberanía de ese estado y la capacidad de procesar a alguien criminalmente. En Puerto Rico, por el contrario, el Gobierno federal dijo que las reglas las imponía el Congreso y que en el campo penal teníamos cero soberanía.
Aunque tenemos el mismo pasaporte, no somos iguales que los de allá. Y en los últimos cinco años, los de allá no se cansan de decírnoslo.
