Uno de los objetivos de las noticias responsables publicadas es generar opinión pública. En las últimas semanas hemos observado cómo esa opinión mueve a los actores de las noticias a cambiar su proceder. Es decir, les importa lo que digan los demás de sus actuaciones y hasta algunos piden perdón públicamente para enmendar decisiones garrafales. No se está buscando que los implicados marquen sus rodillas o que los receptores de la información sientan pena, lo que necesitamos es justicia.
Cuando una sociedad es capaz de emitir una opinión, significa que tiene todos los elementos para hacerlo y una de esas herramientas es la prensa. Fíjese cuánto significa quejarse por sus derechos y celebrar cuando se tiene razón. Esta semana concluirá con la buena noticia de la cancelación de todas las multas que no habían sido pagadas por los conductores al pasar por peajes durante la emergencia del huracán María. Buena noticia para aquellos que estaban haciendo de tripas corazones para poder ahorrar el dinero y pagar una deuda inexplicable y abusiva, porque el sistema de peajes estaba inoperante. Todos los quejosos con razón pidieron investigaciones, hicieron largas filas, conversaron con el supervisor de los supervisores hasta que le dividieron la multa en dos cifras, y esta semana se enteran de que el gobernador Ricardo Rosselló decidió cancelar el contrato y perdonar la deuda. Aplausos y algarabía por la determinación del ejecutivo. Triste por demás para aquellos que pagaron y ahora no tendrán reembolso.
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¿Cuánto puede pesar la opinión pública en el análisis y la determinación de un gobernante? Pesa kilates porque se trata de su imagen y desempeño. ¿Cómo se entera la sociedad de la noticia que trasciende y de las decisiones de los gobernantes? Por la prensa y su invaluable servicio a la sociedad. Aunque existan críticas a los profesionales de la información, por ciertos procederes, lo cierto es que la publicación de historias que son beneficiosas para la gente confirma uno de los objetivos fundamentales de la prensa: informar responsablemente. Igualmente, hay que publicar la posición de la otra parte. Por ejemplo, la empresa que administra el sistema de peajes considera que es improcedente la decisión ejecutiva porque está basada en anécdotas y argumentos falsos. Lo cierto es que los constituyentes merecen un sistema eficiente y justicia ante la injusticia.
Las medidas anunciadas por el gobernante responden a las múltiples quejas de ciudadanos como parte de su derecho a expresarse. La prensa, por su parte, utiliza su derecho a publicar luego de investigar y corroborar datos escuchando, en primer lugar, esa fuente de información quejosa. Metodología básica de investigación a la cual deberían recurrir todos aquellos que otorgan y firman contratos para que luego no tomen por tonto al pueblo. De hecho, el pueblo no lo es, y cada día está más que decidido a cuestionar en qué el Gobierno gasta su dinero. Como observamos, los medios de comunicación tienen un efecto significativo en las sociedades, y gracias a ello es que muchos Gobiernos se mueven para resolver los asuntos. Es una pena que solo ocurra luego de quejas, cuando realmente debería ser su función.
En tiempos de crisis, los medios son más influyentes y ejercen una labor fundamental en la formación de opiniones. El pueblo puede opinar cuando tiene información. Es decir, la prensa tiene un vínculo directo con la formación de la opinión pública. Por lo tanto, está más que probada su eficacia como herramientas de justicia social. En vista de que el método tradicional no ofrece soluciones y el supervisor del supervisor no puede resolver su petición por tener las manos atadas, es la prensa la que escucha al pueblo y publica sus quejas y opiniones. Así, la agenda mediática se transforma en la agenda pública. Cuando el gobernante analiza esa agenda pública y decide en favor del pueblo, entonces podemos decir que hay justicia social.
