Estoy convencido de que el discurso oficial pocas veces corresponde con la realidad. Y si no, hablemos de lo que sucede con la Universidad de Puerto Rico. Probablemente, se trate de nuestro proyecto gubernamental más exitoso.
Una institución pública que consistentemente se ubica como el organismo de educación superior de mayor prestigio del país. Un espacio académico que, a través de una oferta de calidad y bajos costos, ha supuesto durante décadas un pasaporte para la movilidad social de miles de personas. Sin la “IUPI”, miles habrían estado condenados a la imposibilidad de acceder a una educación superior de calidad y, con ello, alcanzar nuevos niveles de independencia económica. Pero aunque el discurso oficial dice apostar al desarrollo de propiedad intelectual, la investigación y la exportación de conocimiento como parte de la fórmula de desarrollo económico, ese discurso choca con una consistente desarticulación de la universidad del Estado.
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Hace más de una década, desde que “la crisis” se convirtió en parte del discurso público, la UPR no ha hecho más que experimentar un desgaste promovido por el Estado. La eliminación de la fórmula que garantizaba sus ingresos y una paulatina reducción de recursos, que ronda los $500 millones, ahora llegan acompañadas de más recortes y una solicitud de aumento sobre el ya aprobado aumento de matrícula a nivel subgraduado. Precisamente, esos recortes que promueve un “Gobierno no electo” por los puertorriqueños parecerían acercar a la universidad de todos los puertorriqueños al fin. Y si no, pregúntele a la Middle States Comission on Higher Education. Ese organismo ha dejado claro que, si la UPR no logra explicar cómo los recortes impuestos por la junta no afectarán la calidad de la institución, su oferta académica y sus planes de desarrollo, entonces nuestro principal centro docente perdería su acreditación. Y eso supondría un doloroso final para nuestra joya de la corona.
Entonces, cuando tienes todas esas fichas sobre la mesa, no puedes evitar la rabia. ¿Cómo es que un ente electo por el Congreso de Estados Unidos, en un claro ejercicio de imposición colonial, se toma la licencia de amenazar la estabilidad de una de nuestras principales instituciones? ¿Con qué derecho? Y lo que es aún más importante, ¿dejaremos que ello ocurra?
Resulta evidente que existe una crisis económica y que muchas de nuestras instituciones requieren transformaciones profundas. Sin embargo, ninguna de esas transformaciones puede dar paso al desmantelamiento de nuestro patrimonio y de nuestras instituciones. Y mucho menos si ese desmantelamiento es impulsado sin el consentimiento de los dueños de ese patrimonio.
¿Cómo encaja el paulatino desmantelamiento de la UPR en una agenda anclada en la educación superior y el conocimiento como motor de desarrollo económico? ¿Cómo tiene sentido seguir promoviendo un aumento en el costo de la UPR con el empobrecimiento de la población, que ha movido a 15 mil estudiantes a solicitar una prórroga en el pago de su matrícula? ¿Cómo desmejorar la calidad del sistema y su oferta ayudará a frenar la baja en matrícula que vive esa institución? No sé a usted, pero a mí que me lo expliquen.
