Cuando en el año 2015 la firma DCI Group contrató los servicios profesionales de dos figuras destacadas dentro de las filas del Partido Popular Democrático (PPD), estaban comprando influencias para incidir en la posición del Gobierno de Puerto Rico sobre el pago de la deuda pública. Así de sencillo.
Nadie puede engañarse sobre cuál es, realmente, el rol que asumen quienes mercadean sus servicios como cabilderos de grupos privados. Es simple: promover los intereses de sus clientes al mejor costo posible.
Por eso, como primer paso, los contratados deben procurar conocer bien el perfil de su cliente y evaluar hasta dónde los intereses de ambos son contradictorios. Si lo fuesen, es preferible no realizar trabajo alguno y así evitar situaciones conflictivas. Claro, esto en caso de que los contratistas mantengan algún ápice de ética en su ejercicio profesional, porque, vale la pena señalar, también hay mercenarios del cabildeo, personas que le venden el alma al mejor postor.
Dicho esto, queda en suspenso qué motivó a Héctor Ferrer y a Roberto Prats, dos precandidatos a la gobernación por el pepedé, a contratar con DCI Group, el grupo que, en su agenda a favor de los fondos buitres, desarrolló una repulsiva campaña de descrédito contra el Gobierno de Puerto Rico y su entonces gobernador, Alejandro García Padilla, y que fue ampliamente difundida en medios de comunicación en Estados Unidos.
Este grupo, además, cabildeó fuertemente en los pasillos del Congreso federal en contra de la implementación de la Ley Promesa, a la vez que exigía que los puertorriqueños pagáramos todo lo adeudado a los bonistas buitres, aunque eso implicara rebajar pensiones y dejarnos sin servicios públicos.
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Las razones que tuvo este dueto pepedé para unirse a ese grupo son muy confusas, aun cuando ambos personajes han tratado de defenderse de las acusaciones que les han lanzado varios miembros del liderato de su propio partido. Mas lo que sí ha quedado en el ambiente, como fuerte sospecha, es que estos dos políticos de carrera aceptaron paga para convertirse en francotiradores de una firma vinculada a los sectores más extremistas de la derecha del Partido Republicano y que no tienen ningún aprecio hacia los puertorriqueños.
Los datos que han circulado hasta el momento colocan a Ferrer y a Prats repartiendo hojas en el Congreso federal, trabajadas por DCI Group, con un lenguaje ofensivo contra el Gobierno de Puerto Rico. También se les ha vinculado en reuniones con congresistas republicanos en representación de su cliente, así como en gestiones de programación de encuentros y reuniones con políticos y funcionarios gubernamentales del patio.
Por esta vinculación, las críticas contra Prats han sido menores que las que han caído sobre los hombros de Ferrer. La razón es porque se conoce que el primero se desempeña abiertamente como cabildero de grupos privados que poco o ningún interés puedan tener sobre el bienestar de nuestro país. En el caso de Ferrer, siendo presidente del PPD, se le adjudica un comportamiento más “ético”.
Por eso, sus opositores ya han preparado el escenario para el paredón, donde esperan liquidarlo políticamente para destronar sus aspiraciones como candidato en las elecciones de 2020.
Es muy difícil saber si los enemigos de Ferrer lograrán su objetivo. El PPD es una institución política corroída por la corrupción y uno de los principales responsables de haber institucionalizado en nuestra cultura política la práctica del cabildeo a toda costa y a cualquier precio. Por tanto, las acciones de Ferrer son similares a las de muchos otros en esa cofradía.
Y ese es un asunto que Ferrer parece tenerlo bien claro, razón por la cual, de cara a la reunión de la Junta de Gobierno del PPD señalada para hoy, lunes, aceptó la propuesta de uno de sus correligionarios de presentar la evidencia del trabajo que realizó para esa firma, a la vez que se le requerirá a toda la cúpula del liderato de esa organización que presente los contratos que mantienen o han mantenido con firmas privadas y expongan qué tipo de representación hacen.
De ser así, muchos de los críticos y adversarios de Ferrer tendrán que develar sus relaciones con grupos privados y explicar qué trabajos realizan para ellos. Entonces, quedaría al descubierto que Ferrer solo ha sido uno más en el grupo de polizontes que, por dinero, son capaces de venderse al mejor proponente sin importarle si su trabajo le hace bien o mal a nuestro país.
No hay dudas de que el escándalo de Ferrer y Prats, por su vinculación con DCI Group, ha puesto a arder en candela la pava y el fuego apenas comienza.