La controversia que se desató en el interior del Partido Popular Democrático esta semana lastima nuevamente el alma de una base política que ha sufrido el embate reciente de dos casos de corrupción —en el que fueron implicadas figuras vinculadas a la colectividad—, el colapso de la legitimidad política del Estado Libre Asociado en Washington, y ahora un escándalo que pone en tela de juicio el compromiso de su liderato con la institución. A esa base se debe todo funcionario del partido. A esa base se le debe rendir cuentas. A esa base se le debe dar nuevamente razón para sentir orgullo por nuestra larga historia y por nuestro porvenir.
El affaire DCI es realmente dos controversias en una, y sus ramificaciones, mediáticas. La primera: las gestiones de dos miembros del PPD en su capacidad como abogados en la práctica privada. Conocido es que ni Héctor Ferrer ni Roberto Prats son publicistas, por lo cual, aunque uno pueda objetar el tono mezquino y el contenido mendaz de las campañas que, en medios de Estados Unidos y de Puerto Rico, llevó esta empresa en contra del Gobierno local durante el cuatrienio pasado, difícilmente podemos atribuirles a ellos su autoría.
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Por otro lado, el planteamiento sustantivo de que la deuda se debe o se puede pagar no es intrínsecamente objetable ni inmoral. Hay personas sensatas que sostienen que se debió pagar; que se debió haber cumplido con quienes invirtieron en Puerto Rico, máxime siendo muchos de ellos puertorriqueños. Uno podrá estar en desacuerdo con esa postura, pero no decir que todo el que piense así se descalifica moralmente. Recordemos, incluso, que, en distintos momentos, durante sus carreras políticas, tanto Alejandro García Padilla como Ricardo Rosselló postulaban que la deuda se podía repagar en su totalidad.
La segunda controversia es mucho más seria. Las alegaciones sobre reuniones coordinadas por DCI en Washington para el PPD en el presente, y la preparación de materiales como el ya famoso volante con argumentos en contra de la estadidad —engalanado con la bandera cubana—, siembran dudas válidas y preocupantes sobre la agenda del partido. No se trata aquí de gestiones privadas, sino de acciones en representación de todo un movimiento político.
El PPD, al igual que el PNP, históricamente han tenido vínculos con cabilderos en Washington que representan los intereses de cada colectividad. Lo que se alega en torno a la conexión presente entre el PPD y DCI dista mucho de esa relación. Asociar a la colectividad en su capacidad institucional con una firma que llevó una campaña publicitaria de descrédito contra un gobernador popular y contra Puerto Rico es comprometer nuestro valores por conveniencias políticas puntuales. Es desconocer los valores fundacionales del partido, que ponen en primero, segundo y tercer lugar el orgullo patrio. Peor, parecería que el PPD se colocó en posición de estar representando los intereses de DCI, y no a la inversa.
En torno a las consecuencias mediáticas, las recriminaciones que se han ventilado por Twitter y en la radio AM, entre diversos líderes populares, únicamente han servido sus propios intereses personales, y le han dado un respiro al PNP al desviar la atención a la oposición. No es momento todavía de pedir renuncias ni de rasgarnos las vestiduras con ensayada teatralidad. Es momento de actuar para devolverle al partido su razón de ser y para proteger la institución.
La propuesta de Luis Vega Ramos para que los miembros de la Junta de Gobierno del PPD hagan divulgaciones financieras similares a las que tienen que hacer los funcionarios electos es un primer paso que se debe adoptar. La transparencia y la apertura son el antídoto, no el cerrarles las puertas, salvo a quienes han hecho del servicio público una carrera. La iniciativa privada y, como contrapesos, la justicia social y los derechos ciudadanos han sido puntas de lanza en la agenda del partido que industrializó al país mientras le reconocía mayores derechos al trabajador.
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El liderato implicado en esta controversia debe rendirle cuentas a la base y esforzarse por ganar su confianza nuevamente. Si no lo pueden lograr, deben hacerse a un lado por el bien de la institución.
Y pasados estos días, nos toca renovar el partido de arriba a abajo, definir y proyectar una visión de país fundamentada en nuestros valores inamovibles, enfocarnos en la fiscalización al oficialismo, que usa el poder para lucrarse del desastre acaecido, y combatir el germen de la corrupción y la falta de transparencia en el interior del PPD. El partido no puede ser una herramienta para adelantar intereses individuales; tiene que ser herramienta para adelantar las aspiraciones colectivas del pueblo de Puerto Rico. Tenemos que devolverle su lustre al partido y ser merecedores de la confianza de esa inmensa masa de puertorriqueños que se honran en llamarse populares.
