Ya lo advertía el Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz en cada foro en el que tenía la oportunidad. “Si Puerto Rico implementa las medidas propuestas por la Junta, pasará, definitivamente, de una profunda recesión a una “depresión comparable a la experiencia que viven países que pasan por guerras civiles o esa que vive Venezuela”. Así de sencillo.
Según Stiglitz, los dramáticos recortes que exige la Junta tienen como idea central reducir los gastos del Gobierno, incluidas partidas dirigidas a salud, seguridad y educación, para utilizar ese dinero para el pago de una deuda que parece imposible de saldar, con mas de $70 mil millones acumulados.
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No soy economista ni pretendo serlo, pero sí, un ciudadano consciente, que, como usted, ha seguido durante años los vaivenes de nuestros Gobiernos y la situación económica de la isla. Y girando sobre eso, lo dicho por Stiglitz y un buen puñado de economistas locales me hacía mucho sentido. ¿Cómo es que recortes que tienden a afectar la calidad de vida y los ingresos de los que vivimos en la isla tendrán como efecto un repunte en la economía?
¿Acaso no se necesita una economía en repunte para aumentar ingresos y poder estar en mejor posición para pagar?
¿Acaso no se necesita una población saludable y un freno en la migración para tener mejores oportunidades de supervivencia fiscal y económica? Para el Nobel de economía, la lógica detrás de las medidas fiscales no solo no solucionará el problema, sino que lo empeorará y traerá adicionales, esencialmente relacionados con nuestra fibra social.
En su columna de febrero de 2017, titulada “From Bad to Worse in Puerto Rico”, Stiglitz levantaba múltiples banderas rojas. “But PROMESA is bringing more problems than solutions. Recently, the Board —seemingly lacking both any understanding of basic economics and democratic accountability to provide checks against its incompetence — published its demands for the next fiscal year”, decía así, en inglés, para el entendimiento de este y del otro lado del Atlántico. Y continuaba vaticinando el caos. “The plan all but guarantees a social as well as an economic catastrophe, owing to substantial cuts in pensions, education, and health spending. If the Board’s plan is adopted, Puerto Rico’s people will experience untold suffering. And to what end? The crisis will not be resolved. On the contrary, the debt position will become even more unsustainable”. Un año después de esa advertencia, comenzamos a ver cómo la crisis social comienza a hacerse evidente, aun para quien no esté dispuesto a verla. Y si no, mire a su alrededor. Hágalo con atención. Aunque analizamos los recortes solo como ejercicios matemáticos, los efectos del dinero que se quita de la operación del Gobierno para pagar la deuda del país ya nos pasa factura. ¿Cuál es el efecto de destinar $800 millones anuales al pago de la deuda en detrimento de servicios a los ciudadanos? Mire el caso de la Policía.
Los recortes en las pensiones, el pago de horas extras y el clima de inestabilidad han provocado la renuncia de centenares de policías que no pueden ser sustituidos porque no hay dinero para graduar agentes nuevos en la academia. Y eso —la escasez de agentes— ya comienza a pasar factura.
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Mire el caso del Departamento de la Familia si lo prefiere. La escasez de trabajadores sociales es evidente, y la sobrecarga de los que están en nómina, también. Precisamente, hace unos días, esa dependencia iniciaba una investigación administrativa para determinar si la agencia actuó de manera diligente para evitar la muerte de un niño de ocho años que, según terminó reconociendo la agencia con sus actos, vivía en un hogar con querellas activas de maltrato, por lo menos contra las dos hermanitas del pequeño paciente de perlesía cerebral.
A lo anterior, añada la insistencia de la Junta de recortar en áreas como la Universidad de Puerto Rico (cosa que amenaza no solo la calidad de la oferta académica, sino la posibilidad de retener su actual certificación) y el sistema público de salud, de manera que los servicios para médico-indigentes se vean “aguados” y con mayores restricciones. ¿El resultado de toda esta austeridad? Una reducción en la calidad de vida y los derechos de los ciudadanos, un clima general de inestabilidad, una migración sin freno y, como consecuencia, escasez de mano de obra diestra. En definitiva, un potaje lleno de escasez e inestabilidad que ni remotamente parece acercarnos a la recuperación. Y si a lo anterior se suma la total crisis de democracia en un sistema de gobierno controlado por un ente no electo, el saldo es una crisis de derechos civiles. ¿Qué diferencia existe entre el Puerto Rico de la Junta Fiscal y un país bajo un régimen totalitario? No sé usted, pero a mí me luce que la Junta, lejos de atender con efectividad nuestros problemas fiscales, parecería llevarnos, como advertía Stiglitz, al borde del precipicio. Ojalá solo sea un error de percepción.
