Ayer empezaron las clases en las escuelas públicas del país y, con ellas, una mezcla de esperanza e incertidumbre para miles de familias puertorriqueñas. Incertidumbre porque el sistema de enseñanza pública es una complicada madeja donde a un niño le puede tocar una profesora excelente que le abre el pensamiento o un mediocre sin vocación que se ausenta a menudo. Ruleta rusa. Esperanza porque los padres que tienen a sus hijos en escuelas públicas apuestan, contra muchos pronósticos, a que la educación provista por el Estado los llevará a una vida de éxitos —o, al menos, estabilidad— a la cual casi todos aspiramos. La educación —lo decía Malcolm X— es el pasaporte al futuro, porque el mañana les pertenece a aquellos que se preparan.
El inicio de este año escolar es distinto. Y no solo por los vagones, el cierre de escuelas o la merma estudiantil. También por el inicio de un experimento educativo en Puerto Rico que, en el balance, será positivo: las escuelas chárteres. El Tribunal Supremo de Puerto Rico hizo lo correcto al aprobar en votación 5-3 la validez constitucional de este nuevo modelo educativo, en el cual organizaciones no gubernamentales (ONG) avaladas por el Departamento de Educación administrarán ciertas escuelas cuyo desempeño haya sido pobre.
PUBLICIDAD
Las escuelas seguirán siendo del Estado, pero las ONG las administrarán por cinco años, y de ese modo, saldrán de la burocracia e ineficiencia histórica del Departamento de Educación. Es hora de intentar algo distinto si reconocemos que, como sociedad, no estamos conformes con el sistema actual. Se trata nada más y nada menos que de atender la disparidad entre la educación que se les ofrece a los niños cuyos padres tienen dinero y la que se les ofrece a muchos niños en comunidades pobres. No es justo que el futuro de un puertorriqueño se decida, en gran medida, a base de dónde comenzó a estudiar, sin prerrogativa propia, cuando tenía 11 o 12 años.
El juez Luis Estrella Martínez lo explicó sucintamente: “Voto por no mantener como rehenes a los niños y niñas de Educación Especial, a los atletas, los pobres o los estudiantes dotados en un sistema de educación que, por décadas, ha demostrado su incapacidad para satisfacerles plenamente su derecho fundamental a la educación. Negarles a esos niños y niñas que puedan maximizar su derecho fundamental a la educación sería sostener una especie de apartheid educativo”. Vivimos un apartheid educativo en Puerto Rico. Un muchacho con padres acomodados o de clase media puede acceder a una educación de mayores recursos que el que viene de más abajo. Las chárteres, en cambio, pretenden nivelar el juego. Curiosamente, muchos de los que se oponen a las chárteres estudiaron en los mejores colegios de Puerto Rico y enviarán a sus hijos a alguno de ellos. Y, lo que es peor, además pretenden hablar por aquellos que no tienen los recursos para enviar a sus hijos a colegios.
Las chárteres son una aproximación, aunque imperfecta, a la justicia social; no son sinónimo de igualdad, pero sí de una oportunidad para acceder a ella. Y son, si todo sale bien, el inicio del fin de décadas de negligencia del Estado con la educación de los más pobres.
