Opinión: Negligencias en Ciencias Forenses

Lea la opinión del representante independentista Denis Márquez

Por Denis Márquez

Durante el proceso de vistas públicas y discusión del presupuesto, uno de los factores que siempre estuvo presente fue el recorte presupuestario a diversas agencias del Gobierno. El Negociado de Ciencias Forenses (NCF) no estuvo exento de la disminución de recursos económicos.

Como parte de ese proceso de vistas públicas, surgió la crisis institucional de dicha entidad de gobierno. No tienen los patólogos para realizar las autopsias y no tienen el personal suficiente para realizar diversas pruebas de peritaje, lo cual, unido al huracán María, ha creado una crisis en el NCF.

Sin embargo, también existe una crisis profunda de administración pública, de negligencia en el cumplimiento del deber, de negligencia en las operaciones que se llevan a cabo en dicha entidad, que ya la Comisión de Salud de la Cámara —de la que formo parte— comenzó a investigar.

Primero, la investigación de la Cámara confirmó las denuncias de los malos olores que emanaban de los vagones en donde están depositados decenas de cadáveres. Los deficientes mecanismos de limpieza de los vagones —con lo que se incumplen los protocolos— y los horarios irregulares en los que realizaron algunas limpiezas, esto unido a la incompetencia administrativa de los funcionarios del NCF y su actitud temeraria de encubrir la realidad, retratan el caos existente en la agencia.

Segundo, la ineficiencia administrativa en cuanto al control de acceso a las instalaciones, a las cuales se ha permitido acceso a contratistas independientes sin protocolos de seguridad, sin reglamentos ni procedimientos, es altamente preocupante.

Y tercero, la utilización de fondos públicos para crear un esquema mediático en contra de la Cámara, que redunda en un grave problema de uso y manejo de fondos públicos, es alarmante.

Durante el proceso de vistas públicas le hice un señalamiento al presidente de dicha Comisión, Juan Oscar Morales, sobre mi preocupación de que la persona que está de manera interina dirigiendo el NCF no hubiese certificado que ha sido nombrada al puesto de subcomisionada y que la disposición de la ley que crea el NCF establece que la persona que dirija la entidad tiene que ser un científico forense. Hay que investigar si la subcomisionada cumple con tal requisito y no conformarnos con la respuesta oficial del NCF, de que quien tiene que cumplir con dicho requisito es el comisionado en propiedad.

La ausencia por varios meses del comisionado del NCF acrecienta la crisis que impera en la agencia. No podemos perder de perspectiva que se trata del jefe de una agencia pública y que tiene que estar disponible para realizar las labores ministeriales inherentes al cargo.

Por último, me parece fundamental investigar la cacería de brujas iniciada por el NCF contra los empleados unionados. El esquema de radicación de cargos para posibles destituciones no es otra cosa que un intento de la jefatura del NCF de amedrentar los empleados que han dado —o han tentado brindar— testimonio a la Cámara. Una acción ilegal que violenta los derechos de los empleados.

La crisis del NCF es una réplica, lamentablemente, de la crisis en otras agencias de gobierno. Es una crisis presupuestaria de falta de fondos públicos como consecuencia de los poderes de la Junta de Control Fiscal al disminuir y no permitir aumentos presupuestarios, pero también, la crisis en el NCF se debe a una terrible y mediocre gestión en la administración pública de la agencia y, por ello, tenemos la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias.

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