¿En qué otro idioma tiene que venir el mensaje? ¿De qué otro foro tiene que venir la señal? ¿Del Kremlin, la UNESCO, la Haya? La decisión del martes de la jueza Laura Taylor Swain parece no internalizarse en muchos sectores del país. Durante los pasados dos años, los mensajes de Washington han sido en una sola dirección: nosotros mandamos y podemos hacer lo que queramos con ustedes. El mensaje ha venido desde las tres ramas del Gobierno federal.
Lo había dicho en varias columnas anteriores, que tenía que acabar la incertidumbre, la tensión entre la Junta y el Gobierno, y que el disparo tenía que salir por donde fuera, pero contundente, para que se prosiga con los próximos pasos en la agenda nacional, ya sea para atender las finanzas públicas o para resolver el dilema colonial del país. Alguien tenía que morir en esta guerra. Lamentablemente, perdió el Gobierno electo por el pueblo y prevaleció la metrópoli sobre la cual no hay derecho electoral de los gobernados. Lamentable, porque no debe ser esa la situación de una nación en esta era, en ninguna parte del planeta.
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La guerra legal estuvieron evitándola por casi dos años, con negociaciones y reuniones. Con presiones y concesiones. La reciente lucha presupuestaria hizo inevitable que el gobernador Rosselló y los legisladores de la mayoría elevaran la pelea al tribunal. Ambas partes sabían que aquí se jugaban la vida. Sabían que un dictamen contundente acabaría con la legitimidad de uno de los dos. Y así parece ser.
Aunque el gobernador Ricardo Rosselló tendrá desde ahora la oportunidad de contestar, “lo intenté”, “luché”, y atribuirle las decisiones malas a la Junta y luego —con algún juego de palabras electoreras y ayudado por la inyección económica tras María— atribuirse haber enderezado las finanzas públicas, con la decisión de Swain, el Gobierno puertorriqueño pasa a convertirse en lo que anticipé hace un tiempo: un “lame duck”. El gobernador pasa a ser un subalterno de José Carrión con poderes mínimos para actuar. El reto ahora de La Fortaleza es evitar al máximo esa pérdida de legitimidad ante el resto del aparato gubernamental y el pueblo. Para eso, ahora más que nunca, La Fortaleza tendrá que procurar varias cosas: 1) organizar su mensaje público y evitar el desorden que se escucha entre los portavoces del Gobierno, y 2) tratar de unir sus fuerzas políticas y lucir como una administración unida, cosa que luce difícil de lograr ante los intereses que exhiben en el Capitolio y desde la oficina de la comisionada residente.
Por su parte, la Junta tiene que tener cuidado con la forma como ejerce el poder que el tribunal le ha reconocido. Recordemos que la Junta ha ido perdiendo la popularidad que, en un inicio, las encuestas le adjudicaban. La apariencia que, ocasionalmente, han dado, de que son un grupo más de mortales contaminados con la politiquería local, facilitará que un abuso de poder provoque una reacción como la que anticipaba el juez Torruellas previo a la aprobación de PROMESA en el Congreso. En aras de arreglar las finanzas, lo que para muchos significa complacer a los bonistas, no pueden causarle más dolor al pueblo.
Finalmente, anda en una carretera paralela el tema de la subordinación política del país. A la metrópoli no le interesa resolverlo, evidentemente. Le corresponde a la sociedad puertorriqueña hacerlo de cara al futuro, entendiendo que el estatus o, correctamente planteado, la relación que tengamos con Estados Unidos y el resto del mundo SÍ incide sobre nuestro desarrollo socioeconómico. Aferrarse a la concepción que tiene la corriente ideológica de centro, de que una cosa es el estatus y otra la situación fiscal-económica, es comparable al familiar que sigue encima del ataúd, en negación, ante la muerte de su criatura. Me refiero a un sector del PPD.
