Los gobernantes tienen que tener cautela con cada recomendación que provenga de sus asesores y publicistas. Deben andar con mucho cuidado y ser más juiciosos con aquellas sugerencias estratégicas que recurren a falsear mensajes para mercadear mentiras con la intención de encontrar una salida fácil a cualquier tema conflictivo.
Esas farsas, como hemos visto tantas veces, culminan en delirios demagógicos que laceran grandemente la imagen de los políticos que ejercen la dirección del Gobierno. En esa ruta transita el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
Un cálculo ligero a los últimos 18 meses revela que ya suman casi una decena de eventos complicados en los que se ha visto involucrado el primer ejecutivo del país y frente a los cuales, al primer cuestionamiento, se recurre a una respuesta errónea que luego resulta ser una media verdad o una falsedad.
El más reciente acontecimiento fue la compra de una guagua blindada, mandada a hacer a la medida y con una larga lista de lujosos y caprichosos accesorios con un valor de $250 mil. Al surgir el escándalo público por esta adquisición, la respuesta del mandatario fue la de quien no sabía nada del encargo del vehículo.
Frente a las interrogantes, el gobernador, aludiendo a su alegado desconocimiento, intentó convencer al país de que no sabía que alguien en su séquito de seguridad había maquinado con la intención de comprarle una camioneta con todos los aditamentos de seguridad disponibles en el mercado. Entonces repudió el acto y rechazó la guagua. Mas su credibilidad resultó afectada.
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Previo a ese incidente, hay una secuela de actos que han colocado al gobernador en la misma posición. Primero llegó el escándalo de la compañía Whitefish, contratada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dizque para ayudar a reparar el sistema energético de la isla fuertemente afectado por el paso del huracán María, y que desató varias investigaciones federales sobre el origen y los términos de dicho acuerdo.
En aquel momento, Rosselló Nevares alegó estar ajeno a los términos de esa negociación e intentó desvincularse, sin efectividad, de los acuerdos de aquel contrato. Poco tiempo después se supo que no era cierto su desconocimiento.
No se había enfriado el caso de Whitefish cuando explotó el entuerto de un contrato realizado por el Departamento de Educación (DE) con la empresa CSA Group. En aquel caso, la participación de esa compañía se concentraba en la inspección de las escuelas para “certificar” que estaban aptas para recibir a los estudiantes e iniciar clases, siendo responsable del atraso en el reinicio del semestre escolar.
Una vez más, el gobernador, ante los cuestionamientos públicos suscitados por aquella contratación, alegó estar ajeno al acuerdo convenido con CSA Group, y mucho menos estar al tanto del protocolo que se había diseñado para ordenar la operación de las escuelas.
En medio de aquella discusión pública, no hubo un funcionario público, incluido el gobernador, que explicara cómo esa empresa logró agenciarse un contrato con el DE y cuáles eran, con especificidad, las tareas que tenía asignada. La misma historia del escándalo de Whitefish.
Después llegó el lío del sonado chat de WhatsApp, que involucró a un grupo de personas muy cercanas al gobernador. Hoy sabemos que las conversaciones que se suscitaron en aquel chat se vinculaban a acciones ilegales, razón por la que aún existe una investigación en curso. Nuevamente, la respuesta del gobernador al momento de divulgarse el escándalo fue indicar que no sabía nada lo ocurrido. Vil mentira.
La misma respuesta ha tenido el mandatario ante el caso de hostigamiento sexual que ha arropado a la Compañía de Turismo. Sus respuestas ante este sonado incidente han sido que no sabía nada y que nadie le informó de lo acontecido. Luego supimos que no fue así.
La lista continuó con el contrato que el DE otorgó a una compañía extranjera para desarrollar un proyecto de enseñanza de valores en las escuelas públicas a un costo de $17 millones. Cuando este asunto se convirtió en escándalo público, los asesores del gobernador corrieron a señalar que nadie en La Fortaleza conocía del acuerdo. No tardó mucho tiempo en saberse que las conversaciones para esa contratación se suscitaron en el despacho del mandatario.
Cuando la AEE nombró a Walter Higgins como director ejecutivo de la corporación pública, con un sueldazo y condiciones contractuales de lujo, Rosselló Nevares se hizo el desentendido y hasta indicó que no sabía quién era el nuevo funcionario. Nadie le creyó.
La misma desconfianza pública provocaron las declaraciones de Rosselló cuando quiso desentenderse del contrato de la compañía Cobra, o cuando quiso precisar un número de muertes menor a las que luego supimos que ocasionó el huracán María.
La credibilidad de un funcionario es importante para el ejercicio de gobernar. Quien le haga creer lo contrario al primer ejecutivo le está cavando su tumba electoral.