Los médicos se van del país en grandes proporciones. Lo hacen desde hace años y ello no es un misterio.¿No le parece?.
La situación es tema ocasional de titulares y, cuando la ola de opinión pública es lo suficientemente intensa, hasta consigue alguna reacción del Gobierno, de esas que incluyen rostro compungido, mirada cargada de pesadumbre y un discurso repetitivo que dice que la administración de turno “es aliada de los médicos”, “está buscando soluciones” y “no abandonará a la clase médica”.
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Todo lo anterior luce muy bien en el discurso, pero cuando la ausencia de acción es el resultado de años y años de denuncias, la conclusión no puede ser otra que no existe interés real en solucionar el problema que nos deja cada vez más sin especialistas.
Así de sencillo. Solo eso podría explicar por qué habiendo un diagnóstico del problema detrás de la fuga de nuestros médicos, e incluso tras la radicación de las medidas necesarias para acabar con ello, no se han tomado los pasos necesarios para considerarlas y aprobarlas.
Sobre el tema, el Gobierno propuso como solución el establecimiento de un incentivo contributivo para los médicos. Se aseguraba que ello atendería el problema, pero la propia clase médica advirtió que no sería suficiente. Para beneficiarse de un incentivo contributivo es preciso tener ingresos. Pero ¿qué hacer cuando se es médico y no se te contrata? ¿Cómo un incentivo contributivo puede beneficiar a quien emigra por causa de esa situación? Sencillo: de ninguna manera.
Por eso, la presente y la pasada dirección del Colegio de Médicos Cirujanos han dejado claro tanto el diagnóstico como el tratamiento a seguir para quien quiera escuchar.
Primero, ¿qué provoca la fuga de médicos? Según esa organización, existen tres problemas principales, todos vinculados al poder de los planes médicos:
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1. La cancelación injustificada de contratos a los médicos.
2. La existencia de “redes cerradas” que dificultan la contratación de los cientos de nuevos médicos que se gradúan todos los años.
3. Las bajas tarifas de pago con las que se compensa a los galenos y que permiten que sea negocio irse del país.
Tras años de discusión y debate sobre este problema, y tras la evaluación de la experiencia fuera de la isla, en la Legislatura se han presentado, al menos, tres proyectos que atienden cada uno de los problemas identificados.
Para atender la situación con las tarifas bajas con las que se compensa a los médicos, en el Senado ya se ha radicado una medida de la autoría del vicepresidente de ese cuerpo, Larry Seilhamer. Se trata del proyecto 841 que, aunque radicado, no se ha evaluado.
Para atender el problema de las “redes cerradas”, ya se sometió en la Cámara de Representantes el proyecto 1546, de los representantes Juan Oscar Morales y Joel Franqui. ¿Qué ha pasado con el proyecto? Nada.
Para atajar la situación sobre los contratos cancelados sin justa causa, la expresidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Lydia Méndez, redactó y presentó un proyecto de ley al que se le ha hecho el mismo caso que se le hace a la sombra.
Y ante tal inacción, la pregunta es: ¿es real el discurso que predica la búsqueda de un freno a la migración de nuestros médicos, o se trata de un cacareo para las gradas?.
Me temo que se trata de la segunda opción o, lo que sería aún peor, del miedo de morder la mano que da de comer a los dos partidos principales del país: las aseguradoras mismas.
En aras de probar que su lealtad a interés está con el bienestar de los ciudadanos en lugar de las arcas de sus partidos y campañas políticas, convendría que nuestros legisladores y el Ejecutivo pongan la acción donde ponen la palabra. Suficiente de la retórica que entretiene, pero, en definitiva, perpetúa uno de nuestros más grandes problemas.
