A mediados del siglo pasado, la dirección del Partido Popular Democrático (PPD), encabezado por su presidente y entonces gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, estableció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el problema colonial de Puerto Rico había quedado resuelto tras la conformación del Estado Libre Asociado (ELA) el 25 de julio de 1952.
Tal afirmación se sostuvo en que la fórmula del ELA le otorgó a la isla “autonomía fiscal” y autoridad política para regir asuntos domésticos, ya que esa entelequia le permitía al país cierto grado de “soberanía en materias no regidas por la constitución de Estados Unidos”.
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Ante la ONU, el liderato del PPD, que en estos días cumple 80 años de fundación, invocó que la ley de Puerto Rico emanaba de la autoridad delegada por el pueblo en un alegado ejercicio de soberanía popular que, en 1952, los llevó a adoptar una Constitución con gobierno propio.
Por consiguiente, negaron la existencia de una relación de sometimiento político ante el Gobierno de Estados Unidos y rechazaron la presencia de la dominación imperial que ejercía la metrópoli en todos los aspectos de nuestra vida como pueblo, minimizando los efectos que tiene vivir bajo un orden de subordinación.
Desde entonces, el PPD ha sido el defensor exclusivo de la relación de sometimiento de Puerto Rico al Gobierno de Estados Unidos y, con el paso de los años, han conformado un acercamiento ideológico al tema político del país, que es cada vez más retrógrado, conservador y colonialista.
Todavía hoy la mayoría de los líderes del PDD rehúyen reconocer que somos una colonia e intentan disfrazar la carencia de poder político de nuestras instituciones, con retóricas huecas y afónicas metáforas. Negar nuestra realidad ha sido el refugio de su incapacidad y deficiencia como organización.
Hoy, sin embargo, no hay sentencia más clara que la que dictamina que en Puerto Rico no mandamos los puertorriqueños y que son los federales quienes ordenan y disponen a su antojo lo que somos y podemos ser.
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Nadie puede negar ese triste hecho. Las restricciones e impedimentos de la relación colonial se tornan cada vez más en una dificultad para lograr una verdadera transformación social.
Basta repasar los acontecimientos más recientes para confirmar el engaño al que nos quiere continuar manteniendo el PPD al insistir en su defensa del ELA.
Primero llegó el otrora procurador general de Estados Unidos, Donald Verrilli, quien en representación del gobierno del expresidente Barack Obama, le dio un fuerte zarpazo al pepené y a su ideología colonial al indicar que la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos nunca se ha alterado desde la invasión estadounidense de 1898.
Hace varios años, en un escrito enviado al Tribunal Supremo estadounidense, Verrilli advirtió que el ELA no contaba con la soberanía otorgada a los estados y que, por tanto, permanecía como territorio sujeto a la plena autoridad del Congreso bajo la cláusula territorial.
Sus expresiones dejaron claro que la posición oficial de su gobierno reafirmaba la condición colonial de nuestro pueblo y, a su vez, develaba la pantomima que por décadas ha intentado mantener el PPD al insistir en los supuestos márgenes autonómicos del ELA y en su capacidad de mejorarse dentro del marco constitucional estadounidense.
La declaración de Verrilli fue también una reafirmación del poder que se adscriben los congresistas estadounidenses para modificar unilateralmente la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos.
Luego de esas expresiones llegó la Ley Promesa, una medida aprobada por el Congreso federal con el aval de la Casa Blanca que impuso una Junta de Control Fiscal con la pretensión de otorgarle el poder para dirigir los destinos del país pasándoles el rolo a las instituciones políticas del país.
No tenemos que abundar mucho en lo que ha significado la presencia de esa Junta para nuestro ordenamiento político y gubernamental, en tanto, una violación a los más elementales derechos democráticos a los que aspira un pueblo.
Esos hechos, entre otros, manifiestan que, aunque lo niegue la dirigencia del PPD, el ELA nunca proveyó un gobierno propio, democrático y autónomo para el pueblo de Puerto Rico. Por el contrario, disfrazó la colonia y, desde entonces, ha tratado de persistir ataviada de una impúdica campaña de engaño y desinformación.
Defender el ELA es, más que un desatino, un vil engaño. Por eso, el PPD no puede ocultar ni disfrazar más esa realidad y al arribo de sus ocho décadas de historia debe entender que carecen de sentido histórico, que no tienen agenda de futuro ni liderato que los salve. A ambos, ELA y el PPD, les llegó su carta de expiración.
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