Nos lo dicen cada cierto tiempo. Nos lo dicen diferentes interlocutores y en diferentes contextos, pero el mensaje siempre es el mismo: Puerto Rico es una colonia sobre el cual el Congreso, el dueño de la Isla, puede hacer lo que quiera.
Nos lo dijo el Congreso en el lenguaje de Promesa hace dos veranos. Nos lo dijo Barack Obama a través de su principal abogada. Nos lo dijo el Tribunal Supremo en un caso penal.
La más reciente versión del mensaje vino por parte de la jueza Laura Taylor Swain al resolver que los nombramientos de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal son válidos a pesar de que no se hicieron como dice la Constitución federal.
Aurelius Capital, un grupo a quien el gobierno le debe dinero, planteó en la corte que la Junta no era válida porque sus miembros no fueron nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, como dispone la Constitución federal.
Pero la jueza federal resolvió que, como diría Calle 13, en Puerto Rico se vale to’. ¿Por qué?
Aquí va directito de la corte: “el Congreso tiene poder plenario bajo la Cláusula Territorial para establecer para los territorios instituciones gubernamentales que no concuerdan con los requisitos de la Constitución si se tratara de la gobernanza para Estados Unidos”.
De nuevo, se vale to’. Pero hay más.
Dijo la jueza a cargo de la Promesa: “El Congreso puede enmendar actos de la legislatura territorial, abrogar leyes de la legislatura territorial, y ejercer autoridad total y completa sobre las personas de los territorios y todos los departamentos de los gobiernos territoriales”. Lean ese párrafo de nuevo para que no haya lugar a dudas.
En otras palabras, la gente que nosotros elegimos –buenos o malos, trabajadores o vagonetas, rojos o azules– no cuentan ni pa pool ni pa’ banca. Por eso Thomas Rivera Schatz está que arde con la Junta.
La jueza Taylor Swain resolvió que el Congreso es “la legislatura local del territorio”. Ya usted sabe. No vaya a pedirle a Tatito o a Pichy o a Georgie que le arregle las canchas del barrio. Llame a Bishop allá en Washington.
Hay dos posibles respuestas concretas que van más allá de la retórica y del lamento por ser una colonia. La primera: aunque sea simbólico por un día, el gobernador Ricardo Rosselló y la Legislatura deberían apagar el switch de la luz en Fortaleza y Capitolio e irse a sus casas. Antes de irse llaman y les dicen a los conciudadanos del norte que se encarguen del día a día boricua porque, después de todo, ellos son los que mandan.
La segunda: concertada y públicamente comenzar a achacarle al Congreso la deuda que tiene el Gobierno. Ese planteamiento jurídico –que el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá ha hecho en el desierto por varios meses– ahora agarra momentum. Uno es, después de todo, dueño de lo bueno y lo malo. El hijo es el que saca honores y el que se mete en peleas. Si quieren ser dueños del quiosco, adelante, pero tiene deudas. De hecho, 72,000 millones.
En nuestra vida personal, familiar y profesional siempre tratamos, por naturaleza o conveniencia, de llevar la fiesta en paz. Eso al parecer intentamos hacer colectivamente con nuestra relación con Washington. Pero a veces el mensaje –tras reiterarse una y otra vez– tiene que ser escuchado para no llamarnos más a engaño.
