El pasado martes 3 de julio, el Gobernador de Puerto Rico, convocó a la Asamblea Legislativa a su segunda sesión extraordinaria, en lo que va de cuatrienio. La sección 4 del Artículo IV de la Constitución del ELA faculta al gobernador –entre otras cosas- a “convocar a la Asamblea Legislativa o el Senado a sesión extraordinaria cuando a su juicio los intereses públicos así lo requieran”.
Dicha sesión extraordinaria fue convocada para atender cuatro proyectos de Ley; el primero, la aprobación de la reforma contributiva; el segundo, legislación para flexibilizar los planes de pago de los municipios con corporaciones públicas y agencias a la hora de solicitar participación en un programa estatal; el tercero, un aumento en los beneficios del desempleo; y el cuarto, una medida para cumplir con el acuerdo con la Junta de Control Fiscal (JCF) y derogar la Ley 80-1976 de despidos injustificados.
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Con una mera lectura de la convocatoria, es obvio que la única medida que requería aprobación inmediata –al menos para la satisfacción de la Junta y su ayudante principal, el gobernador de Puerto Rico- es el proyecto para derogar la Ley 80, que se ha convertido en la “ficha del tranque” para las negociaciones entre la Junta y el gobierno.
No obstante, el drama de la extraordinaria no duró mucho, ya que ese mismo día el Senado de Puerto Rico, votó “En Contra” de la aprobación del proyecto que viabilizaba la derogación de la Ley 80, convirtiendo la extraordinaria en un trámite inconsecuente para aprobar medidas que no tienen prisa alguna.
Tronchado el plan del gobierno para complacer el capricho de la Junta de socavar una vez más derechos adquiridos de la clase laboral, la Junta aprobó su propio presupuesto para el País. Ahora, la Asamblea Legislativa demandó a la Junta, alegando que la misma violó la Ley PROMESA al poner como condición para la aprobación del presupuesto la derogación de la Ley 80.
En varias ocasiones hemos escuchado al gobierno y a los miembros de la mayoría en Cámara y Senado, pregonar que la Junta no puede establecer política pública. Sin embargo, con sus actos en perjuicio de nuestro pueblo, la Junta cada día demuestra menos respeto por las entidades electas.
Si bien es cierto que la demanda de la Asamblea Legislativa es un paso en la dirección correcta para afrontar los actos coloniales de la Junta, no puede quedarse en eso. Dicha gestión sería insuficiente si no se le añaden otras medidas y acciones contundentes para confrontar las determinaciones de la JCF. Desde el PIP, hemos propuesto varias; en primer lugar, congelar el presupuesto de la Junta y no desembolsar ni un solo centavo adicional para su funcionamiento; en segundo lugar, confrontar a la JCF mediante la determinación de no aprobar ninguna otra de sus propuestas, si van en perjuicio del País; y en tercer lugar, acudir junto al resto del liderato político de la isla, a los círculos de poder del gobierno de los Estados Unidos para exigir la derogación de la Junta de Control Fiscal y el fin del colonialismo que permite su imposición.
