Puerto Rico está enfrentando, quizás, el momento más crítico de una crisis de gobernabilidad que hemos observado desde hace casi dos décadas. El reciente choque entre el Presidente del Senado, el Gobernador y la Junta de Control Fiscal, por la Ley 80, es representativo de ello. En medio de una crisis económica profunda, una emigración que no se detiene y un desasosiego general, el país tiene tres gobiernos con filosofías distintas que se disputan el control de la cosa pública.
Cierto es que el choque entre las ramas Legislativa y Ejecutiva es parte de lo que fomenta el diseño gubernamental que tenemos, de pesos y contrapesos, para evitar actuaciones dictatoriales. Cierto es también que la condición colonial de Puerto Rico permitió que el Congreso aprobara hace dos años una ley que creó una junta llamada para supervisar y ordenar las finanzas públicas, aunque de facto permite un control casi absoluto. Y aunque ambos objetivos, teóricamente, parecerían positivos para el país, en la práctica nuestros gobernantes, incluyendo los de la Junta, han provocado un estancamiento en nuestro desarrollo socioeconómico.
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Por un lado, tenemos a la Junta que, en año y medio, no ha logrado un avance en sus objetivos. Su reciente obstinación con el tema de la Ley 80 sin presentar evidencia o datos concretos que sustenten su propuesta, ha hecho que luzcan como unos actores más en el partidismo local. Se les acusa incluso de tener conflictos de intereses con este tema y al día de hoy tampoco han atendido el señalamiento con propiedad.
Por otro lado, tenemos al Gobernador que busca evitar convertirse en un “lame duck” cuando aún le falta la mitad del cuatrienio para el que fue electo. Ricardo Rosselló está buscando a toda costa el conflicto en el tribunal, temiendo un resultado adverso. Él mismo lo admitió el lunes cuando dijo que la firma que estampó al presupuesto criollo podrá convertirse pronto en un acto simbólico, pues la Jueza Laura Taylor Swain pudiera reconocer la supremacía de la Junta en este tema. Rosselló y su equipo también saben, aunque nunca lo admitan porque sería “politically incorrect”, que las elecciones están a la vuelta de la esquina y que sin un presupuesto que le permita desarrollar obra pública y mantener los beneficios tangibles que tienen los empleados públicos, su reelección se haría cuesta arriba. Su filosofía aunque similar a la de la Junta, tiene el ingrediente electoral.
El tercer Gobierno lo vemos en el Senado con Thomas Rivera Schatz. Tiene la posición más cómoda en la ecuación, pues no se le adjudicará el desastre y le conviene asumir las posiciones más simpáticas ante el pueblo como el mantener un importante derecho que tienen los empleados del sector privado. Su discurso es populista, arriesgado políticamente ante el corazón del rollo de su partido, pero adecuado ante la masa ciudadana que decide en las urnas en Puerto Rico desde hace varios ciclos electorales.
Los intereses legítimos o ilegítimos de estos tres actores, profundizan la crisis de gobernabilidad que enfrenta nuestro país. Hace unos años, el exgobernador Rafael Hernández Colón decía que Puerto Rico era ingobernable. El contexto era la alta politización en el sistema gubernamental, la burocracia, la corrupción y la condición colonial que prefirió llamarla “déficit de democracia”. Todo eso se mantiene y ahora tenemos un Gobierno que se ha convertido en un monstruo de tres cabezas que están dispuestas a devorarse. Por eso planteo que Puerto Rico enfrenta el punto más crítico de una ingobernabilidad existente desde hace tiempo. Si no enfrentáramos una crisis mayor a todos los niveles, sería un gran entretenimiento para todos. Pero no, no nos podemos dar el lujo de que esto siga así.
