En medio de la pugna por el presupuesto, el gobernador Ricardo Rosselló dejó claro a qué se refería con firmar de manera simbólica el presupuesto aprobado por la Legislatura. Para muchos esa firma suponía un paso en la defensa del poder Legislativo ante los llamados de legisladores de su partido pidiéndole posicionarse del lado de la Legislatura y “de la gente”.
Pero su mensaje televisado ayer dejaba claro que lo de simbólico era en serio. Utilizando el mismo argumento -el del bienestar de la gente- el Gobernador parece haber dejado establecido que lo que conviene es seguir la propuesta/mandato de la Junta Fiscal. Para validarlo, anunció la convocatoria a una asamblea extraordinaria en la que -una vez más- insistirá en la derogación de la Ley 80.
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Pero, ¿cuánto de esta convocatoria responde a una expectativa real de derogación del estatuto y cuánto a una batalla de percepción pública? De una evaluación de las cartas que están sobre la mesa, la convocatoria parecería tener más de lo segundo. Y es que, de entrada, nada en el ambiente legislativo que precedió la convocatoria de ayer apunta a que la Legislatura aprobará la derogación.
En primer lugar por la anticipada falta de quorum. Hace unas semanas, el presidente de la Cámara Johnny Méndez anticipaba en una improvisada conferencia de prensa después de su mensaje de logros, que el futuro de una sesión extraordinaria estaba por verse ante la gran cantidad de personas de la mayoría legislativa que le habían adelantado su intención de viajar fuera de la isla durante el mes de julio.
En el Senado también quedaba claro el panorama de ausencias. El 30 de junio, ultimo día de sesión ordinaria, el presidente del Senado preguntó directamente a los senadores si estarían en la isla durante el mes de julio.
La respuesta fue un estimado de 15 potenciales ausencias por razón de viajes fuera de la isla. Precisamente, poco después del mensaje en el que el Gobernador anunciaba la convocatoria a una sesión extraordinaria, el Senado hacía publica una carta firmada por el secretario de ese cuerpo dirigida al Gobernador en la que advertía que no habría quorum para una potencial extraordinaria. Lo interesante es que la carta tiene firma de recibida en Fortaleza a las 3:01 p.m. de ayer y, como consecuencia, antes del mensaje del Primer Ejecutivo. Por lo mismo, resulta sensato concluir que el Gobernador estaba debidamente advertido de que sus legisladores no estarían presentes.
En segundo lugar, el clima de negociación se pinta adverso para la derogación de la Ley 80. Incluso en la Cámara que ha sido un aliado natural del Gobernador durante este cuatrienio. Ante la duda las expresiones del propio Johnny Méndez quien al ser preguntado por la Ley 80 afirmó que se trata de un “asunto muerto en la Cámara”. De hecho, ante mis preguntas Méndez dijo estar dispuesto a evaluar en la futura sesión ordinaria en agosto los proyectos radicados por varios legisladores y que supondrían revivir el tema, eliminar la Ley 80 y pasar responsabilidades de cobertura por despido injustificado al Fondo del Seguro del Estado. Pero dejó claro que no tocaría ninguno de esos proyectos hasta realizarse un estudio actuarial. En la convocatoria a extraordinaria se envía el proyecto del Senador Miguel Romero que propone enmendar la Ley 100 que tiene jurisdicción sobre despidos discriminatorios y dejaría eliminada la Ley 80.
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Si el clima legislativo en Cámara pero sobre todo en Senado, es de rechazo a la idea de la derogación de la Ley 80, ¿qué le hizo pensar al Gobernador que esta vez sí se eliminará el estatuto? ¿Existe una expectativa y compromisos reales para votar a favor de la pieza de Romero? Y, si no es el caso, en definitiva, ¿qué gana el Gobernador con convocar a una asamblea extraordinaria sin quorum y sin votos para cumplir con sus expectativas?
La verdad es que no lo sé y nada sobre la mesa parece apuntar a una respuesta lógica detrás de la convocatoria, a no ser que se trate de una estricta medida estratégica que parte de la certeza de que la derogación no será aprobada, pero que persigue adjudicar a la Legislatura una posible determinación de no validar el presupuesto Legislativo y, en su lugar, implementar el presupuesto de la Junta tal y como pide Promesa.
Supongo que no habrá que esperar demasiado para conocer las respuestas a estas preguntas.
