Carentes de decoro y vergüenza, los miembros de la Junta de Control Fiscal lanzan una nueva amenaza al pueblo de Puerto Rico. Se trata de la pretensión de imponer un presupuesto para el año fiscal que recién comienza con recortes excesivos en el gasto público que afectarán, principalmente, los beneficios y derechos laborales de los trabajadores del sector público y privado.
Es una acción vengativa. Llena de rencor, la Junta acusa a la Asamblea Legislativa de no querer derogar la ley contra el despido injustificado (Ley 80 de 1976), un requerimiento que fue negociado con el gobernador Ricardo Rosselló pero que nunca se pudo probar su relación con el desarrollo económico.
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Entonces, como la Junta no cumplió su deseo de eliminar la referida ley, el pasado viernes anunció que castigará al país con un presupuesto que propone reducciones dramáticas que incidirán mucho sobre la calidad de vida de los puertorriqueños. Las acciones de la Junta no son más que un ejercicio caprichoso. Un abuso de poder, un ataque a mansalva de sicarios financieros que, entre otras cosas, viola nuestro ordenamiento constitucional al tratar de ir por encima de la autoridad de la Asamblea Legislativa para imponer un presupuesto.
Habrá quienes aplaudan la acción de la Junta y quienes insistan que la Ley Promesa faculta a ese cuerpo para tomar todas las decisiones que estime sobre el uso de los fondos públicos. Sin embargo, lo cierto es que el debate aún está crudo. Sobre la mesa está por resolverse cuál es el verdadero alcance de los poderes de esa entidad vis a vis al poder que nuestra Constitución le otorga al poder legislativo y ejecutivo, sobre todo en lo relacionado al presupuesto nacional.
No hay dudas que este será un asunto que terminará dirimiéndose en los foros judiciales y anticipo que será un proceso del cual el gobierno de Puerto Rico tiene muchas posibilidades de salir victorioso.
Pero más allá de lo que pueda acontecer en un pleito legal, lo que resulta terrible es la actitud de sumisión que muestra el Gobernador y los miembros de su gabinete ante los designios del cuerpo que preside José Carrión III. Estos han colgado los guantes y se han rendido de rodillas al poder de la Junta.
La postura correcta en cambio, es enfrentar los caprichos de ese cuerpo y defender los derechos del pueblo puertorriqueño. Hay que pararse de frente e insistir en la facultad que tienen los funcionarios electos y los organismos constitucionales para diseñar y aprobar el presupuesto.
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Esa actitud de desafío es la que encara el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el único funcionario de esta administración que no ha vacilado en confrontar a la Junta; a quien no le ha temblado el pulso para enfrentar el poder colonial de ese cuerpo y quien ha advertido que está listo para contravenir en cualquier foro los excesos de poder que se atribuyen los siete miembros de ese organismo colonial. Contrario a Rivera Schatz, una secuela de funcionarios públicos electos y designados vagabundean cabizbajos, sometidos a todo lo que determina la Junta, cual siervos dóciles.
Ante esta actitud, la Junta, y en particular su presidente José Carrión III, no pierden oportunidad para presumir de su autoridad y, cual sicarios, asesinar las posibilidades de desarrollo para Puerto Rico. Su más reciente ataque ha sido la presentación de su nuevo plan fiscal con el que pretenden obligar al gobierno a realizar un recorte de $300 millones mientras le establecen las pautas de qué partidas eliminar y reducir.
Quieren imponernos un presupuesto que representa “mucho sufrimiento para tan poca promesa”, como expresó hace unos meses una de las integrantes de esa entidad que hoy cierra fila a favor de los recortes porque, ha dicho, “es lo que necesitamos para cumplir con la ley”.
Las acciones de la Junta son un claro abuso de autoridad. Son una grosera intromisión al poder constitucional de la Legislatura y por eso nadie puede permanecer quieto ante tal atropello.
Por eso resulta patético, por ejemplo, la actitud del secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, al mostrarse sumiso ante la insistencia de la Junta de recortar beneficios laborales que tendrán el efecto de empobrecer más a nuestra clase trabajadora.
Si este señor tuviera un poco de decoro y respetara el cargo para el cual fue designado, estaría en primera fila defendiendo nuestro ordenamiento laboral y luchando medidas que atentan contra el bienestar del sector productivo del país.
Pero no. Saavedra, como tantos otros funcionarios de este gobierno, son lacayos de este grupo que ha venido a mancillar la dignidad del pueblo a cuesta de proteger los intereses de los bonistas y del gran capital.
