Puerto Rico "For Sale!"

Puerto Rico está en venta; ese es el mensaje que proyectan las fieras insaciables de la Junta de Control Fiscal y sus lacayos coloniales a toda persona o entidad con poder adquisitivo que desee apropiarse de los activos del Gobierno de Puerto Rico. Los bienes puestos a disposición de buitres internos y externos incluyen nuestros recursos naturales y ambientales; es decir, el patrimonio del pueblo puertorriqueño. El ejemplo más reciente de esta política nefasta es la pretensión de excluir casi quince cuerdas de terreno del área protegida en el carso en Aguadilla y de viabilizar la privatización de una parte del balneario de Carolina.

Debido a la gran biodiversidad y a la importancia hidrogeológica de la zona cárstica del norte, hace casi dos décadas se legisló para proteger y conservar estos terrenos valiosos. Se declaró que la zona del carso norteño es uno de nuestros recursos naturales no renovables más preciados por la geomorfología y por los ecosistemas que en ella se desarrollan. Desafortunadamente, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) endosó recientemente una solicitud para excluir de dicha protección cerca de quince cuerdas de terreno, solicitud que el propio DRNA denegó hace menos de dos años tras concluir que los predios contaban con los atributos necesarios para estar dentro de la delimitación. Todo parece indicar que la Junta de Planificación ahora concederá la solicitud, en perjuicio de nuestro medioambiente.

Ignorados fueron los reclamos que realicé a la mayoría parlamentaria a través de la Resolución de la Cámara 937 para que se investigaran las razones nebulosas que justificaron el cambio institucional. Igualmente ignorada fue mi carta a la secretaria del DRNA, Tania Vázquez, para que entregase todo informe o documento en el que basó su decisión, petición que meramente recoge los planteamientos realizados por los líderes comunitarios con que me reuní. En lugar de optar por la transparencia, la secretaria solo me refirió a escudriñar los archivos de la agencia.

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Asimismo, esta semana, la Cámara aprobó la Resolución Conjunta del Senado 94, la cual pretende allanar el camino para la privatización de cinco cuerdas de terreno en el balneario de Carolina. Esta medida, aprobada de manera atropellada y sin considerar los planteamientos realizados por sectores que han protegido valientemente el carácter público de esa playa por más de una década, es contraria a la obligación constitucional de la Asamblea Legislativa de proteger nuestros recursos naturales, e incluso, lacera el principio de separación de poderes que rige en nuestro ordenamiento al tratar de poner fin a pleitos pendientes de adjudicación actualmente en la Rama Judicial. De esta forma, el Gobierno se aferra a su visión neoliberal so color de mejorar la economía, aun cuando ello implique hacer inaccesible al pueblo nuestros bienes de dominio público.

Ante esta realidad, continuaré denunciando toda medida que atente contra la protección de nuestros recursos naturales y ambientales, así como presentando medidas para proteger nuestras costas, reducir el uso de desperdicios sólidos, eliminar el uso de pesticidas dañinos y prohibir el depósito de cenizas de carbón, entre muchas otras iniciativas que hemos impulsado por décadas desde el Partido Independentista Puertorriqueño como parte de nuestra lucha incansable por defender a nuestra Patria.