La transparencia gubernamental es como el Santo Grial, como El Dorado: Un valor deseado y siempre perseguido, pero pocas veces alcanzado en su totalidad. En definitiva, más allá de algunas frases y estribillos más cercanos a la propaganda que a los hechos, la transparencia se nos ha escapado de las manos. Se nos ha perdido en algún lugar entre el discurso oficial (el del Gobierno siempre colaborador, siempre abierto, siempre transparente) y el de los hechos (un Gobierno obstructor, que condiciona la transparencia a la conveniencia). En definitiva, el resultado nos deja con la transparencia como un producto de la propaganda. Y no se trata de algo nuevo. Hagamos un recuento de hechos.
En noviembre de 2014, el entonces gobernador Alejandro García Padilla anunció que ordenaba por escrito a sus jefes de agencia y directores de prensa hacer disponible a los medios de comunicación toda información pública generada desde las agencias. Sin embargo, en la práctica los periodistas representados por la Asociación de Periodistas tuvieron que acudir al tribunal para exigir la divulgación del informe de la firma estadounidense KPMG que sentaría las bases de la entonces futura reforma contributiva. Dando un salto al presente, la práctica sigue viva y por todas partes. Para empezar, hablemos del Gobierno central. Durante meses —y como he discutido antes desde esta esquina— diferentes medios de comunicación intentaron obtener (sin éxito) información sobre el número de muertos documentado por el Registro Demográfico. Y mientras el Gobierno reclamaba transparencia, sus hechos apuntaban en dirección opuesta. Para comenzar, el secretario de Salud y su equipo jamás contestan pedidos de entrevista para dejar consignada su postura sobre asuntos relacionados con la agencia. Más allá de pasarse la papa caliente entre los oficiales de comunicaciones, los pedidos de información son ignorados, obviados o contestados a medias. Y aunque Fortaleza ha asegurado repudiar esta practica, en los hechos la consiente, porque los pedidos de información siguen desatendidos. Incluso se asegura que, en el caso particular del secretario de Salud, sus entrevistas y comparecencias públicas han sido limitadas por Fortaleza a “territorio inofensivo”.
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Si bien se supone que la transparencia es política pública, solo se consigue acceder a ella luego de recursos legales como los sometidos por el Centro de Periodismo Investigativo o CNN. En segundo lugar, la propia Junta Fiscal. La propia revista Forbes lo denunciaba en un artículo publicado el lunes. La Junta ha obstaculizado los intentos de obtener copia del borrador del llamado plan fiscal, así como ha intentado incumplir con leyes locales invocando poderes al amparo de PROMESA. Forbes concluye que el “secreteo” de la Junta sobre asuntos como los anteriores y su negativa a auditar la deuda tienen el efecto de minar su credibilidad como ente supervisor. “Oversight can’t occur effectively if its aim is secrecy, rather than disclosure”, concluye el escrito de la revista especializada.
El secretismo y falta de transparencia también percolan al nivel municipal. Si comenzamos a hablar sobre los municipios y su acceso a los medios a la hora de rendir cuentas, el escenario es el mismo. ¿Un ejemplo cercano? Ayer la alcaldesa de San Juan se sumó a la practica distendida de no contestar preguntas de los periodistas citados a conferencia de prensa, a no ser que sean sobre el tema convocado. El colega Ronald Ávila intentó obtener respuestas sobre el dinero que San Juan debe desembolsar por ley al Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras. Como respuesta, la alcaldesa invocó a la necesidad de cumplir una “regla”. “Yo no voy a contestar preguntas sobre otros temas. Eso es parte de lo que este país tiene que aprender, a seguir las reglas y a saber qué reglas romper”, aseguró dejando la pregunta sin contestar. A todo lo anterior sume el hecho que, desde 2008 el Instituto de Estadísticas ha enfrentado la resistencia de 86 entidades gubernamentales y agencias que se han negado a entregar información que, por definición, es pública. Ello ha obligado al Instituto a entablar tres demandas formales, dos de ellas contra el Departamento de Salud, ambas por datos de mortalidad (2010 y 2018). Como ven, las trabas al acceso a funcionarios o datos públicos son constantes y llega desde todas las esquinas del quehacer público. Transparencia, apertura y acceso solo cuando conviene no es, ni remotamente, el equivalente a transparencia gubernamental. Si tan solo el discurso se convirtiera en algo más que propaganda.
