Hoy martes, el Senado, supuestamente, le pondrá fin al fiasco que ha sido la discusión por eliminar la Ley 80. Y ya era hora, porque aquí todo el mundo perdió.
Desde hace un mes, la Junta de Control Fiscal logró monopolizar el debate público. Durante mañana, tarde y noche se discuten únicamente las bondades o deficiencias de esta de ley de 1976 que gobierna los asuntos del sector privado y que poco o nada tienen que ver con la misión principal que le encomendó el Congreso a la Junta: balancear el presupuesto gubernamental y devolver a Puerto Rico a los mercados financieros.
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Lo que ha dejado esta discusión es una estela desastrosa en la que solo hay perdedores. Tanto así que el portavoz de la mayoría en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo en los programas radiales de Ángel Rosa y de Rafael Lenín que su Partido Nuevo Progresista (PNP) había quedado muy mal parado ante los trabajadores privados de cara a las elecciones de 2020. Y el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, en entrevista con Aiola Virella, de Metro, no quiso responder categóricamente si Ricardo Rosselló revalidaría en 2020 tras todo lo acontecido con la Ley 80.
Aunque hay muchos perdedores, quienes más sufrieron son los coautores de aquel famoso “entendido”: el gobernador Rosselló y la Junta como institución.
La Junta demostró que su obsesión ideológica —esperamos que sea eso y no algo aún más siniestro— los nubló a tal grado que estaban dispuestos a aumentar sustancialmente el gasto público con tal de eliminar la Ley 80. La Junta parecía estar diciendo: “Cojan más chavos para los municipios, para la UPR, para la Legislatura, para la Oficina del Gobernador, cojan todo lo que quieran, pero quítenme esa Ley 80”.
Esta actitud de la Junta, por supuesto, es totalmente contraria al mandato congresional, a través de la ley Promesa, de que se concentren en balancear el presupuesto público y regresar a los mercados financieros. La credibilidad de la Junta como un organismo federal compuesto por técnicos con una misión clara y delineada se fue por el inodoro. Ahora son vistos como un jugador político más en el tablero de ajedrez boricua, y eso les dificultará su trabajo aún más.
La Junta está tan y tan al garete que aplaudieron cuando la Cámara de Representantes aprobó un Frankenstein que hubiese hecho al Gobierno —sí, al Gobierno quebrado que ellos dicen que gasta demasiado— pagar cada vez que un empleado de la empresa privada fuera despedido injustificadamente. Tómese su tiempo y lea esa oración de nuevo, porque vale la pena tenerla bien clarita.
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La Junta no tenía reparos en que el Gobierno pagara, de sus menguados recursos, los errores e injusticias laborales cometidas por empresas privadas.
El otro gran perdedor de este fiasco es el gobernador Rosselló. A todas luces, el “entendido” al que llegó con la Junta se va por la borda. Su capacidad como interlocutor de la Junta —como un líder con quien se puede negociar directamente— ya no existe. Y le pasa por alcanzar acuerdos como si fuera un faraón, sin acordarse de que existe en nuestro sistema republicano de gobierno una legislatura que es pieza clave en cualquier transformación de política pública.
Pierde también el gobernador porque ya no puede esbozar aquel trillado argumento de que la Junta no establece política pública. No solo pretendió la Junta establecer política pública al eliminar la Ley 80, sino que el gobernador fue su principal aliado en esa gestión, cabildeando por doquier. Su liderato político frente a las delegaciones azules en la legislatura quedó hecho trizas.
Esto es lo que sucede cuando un grupo de personas no electas intenta establecer la manera en que una sociedad debe regir sus interacciones laborales. Los líderes electos de esa sociedad —buenos o malos, vagos o trabajadores, rojos o azules— nunca tuvieron la intención de eliminar las protecciones laborales provistas por la Ley 80.
Esos legisladores, sin embargo, también perdieron. Rivera Schatz, después de decir que nadie presentaría legislación a esos efectos, bajó por descargue él mismo la eliminación prospectiva de la Ley 80, señalando que quería mostrar que no era intransigente y podía llegar a un acomodo razonable con el gobernador/Junta. La Cámara, aunque queriendo proteger a los trabajadores privados, cometió la imprudencia mayúscula de legislar para que fuera el Gobierno quebrado el que pagara de su Fondo General las metidas de patas de los patronos privados.
Esperemos que hoy, finalmente, sea el minuto 90 y el Senado toque el pito para que se acabe este juego en que tanta gente ha quedado mal. Y vayamos a los penaltis —el tribunal— donde cualquier cosa puede pasar.
