Durante esta semana, participé de varias vistas simbólicas sobre el presupuesto del país. Simbólicas porque sabemos que el presupuesto que se acuerde será aquel que apruebe la Junta de Control Fiscal. Ante la falta de voluntad del Gobierno y la Legislatura de confrontar políticamente a la Junta anticipo que este presupuesto —como el anterior— será el de la Junta.
Esa falta de voluntad, provocada por la ceguera política sobre nuestra realidad colonial, quedó evidenciada en una de esas vistas cuando funcionarios de diversas agencias ni siquiera reconocieron que Promesa otorga y faculta poderes a la Junta para controlar el presupuesto ante nuestra “consideración”.
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Comprender que la política pública de determinar el presupuesto de Puerto Rico lo establece la Junta de Control Fiscal —incluso que pueden imponerlo— y que tienen la total discreción sobre este, es fundamental para entender dónde nos encontramos y qué acciones debemos tomar para transformar verdaderamente a nuestro país.
La diferencia entre el presupuesto actual y el presupuesto propuesto es de $643 millones menos ($9,172 millones el actual versus $8,529 millones el propuesto). No obstante, surge de las ponencias y documentos en las vistas una reducción adicional de $60 millones, lo que convierte la diferencia en $703 millones menos a recaudarse. La cifra anterior es preocupante por una razón fundamental: la economía de Puerto Rico sigue en recesión y necesita estímulo de gasto público. Ese es un principio básico de política económica en tiempos de recesión. Aquí se hace lo contrario a lo que sugiere la sensatez y lo obvio. El Gobierno apuesta al impacto que tendrán los fondos federales y los fondos de los seguros privados. En síntesis, la reducción en el presupuesto es consecuencia combinada de la imposición del enfoque de la Junta de Control Fiscal y, simultáneamente, de la continuación de una filosofía de administración pública basada en el neoliberalismo.
En lo que concierne a las fuentes de fondos que identifica OGP, no se identifican fuentes adicionales de recaudos que provengan de aquellos sectores que tienen mayor capacidad de pagar más contribuciones, incluyendo empresas foráneas e individuos residentes de altos ingresos como hemos sugerido por décadas desde el PIP.
Por otro lado, de las resoluciones de la Cámara sobre el presupuesto podemos concluir cuáles son las prioridades de la Junta de Control Fiscal con relación a la forma en que a ellos se les antoja que funcione nuestra economía. Por ejemplo, la reducción sustancial en el presupuesto de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, vis-a-vis el presupuesto de AAFAF, que es varias veces mayor. Igualmente ocurre con la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, agencia a la que por razones obvias se le debió aumentar el presupuesto, pero este disminuye también sustancialmente. Advierto también la disminución al Tribunal General de Justicia, amén de todas las agencias que sufren reducciones en presupuesto, pero sobre las cuales no se presenta justificación alguna para tales reducciones.
Es evidente que estamos, una vez más, frente al presupuesto de la Junta que ignora los intereses de los puertorriqueños. Ante esa realidad, hoy más que nunca se hace pertinente el reclamo unísono a Washington propuesto por el PIP y Rubén Berríos Martínez para reclamar en conjunto a todas las fuerzas políticas del país un total y contundente rechazo a la Junta de Control Fiscal e iniciar un verdadero proceso de descolonización que permita que los puertorriqueños nos mandemos a nosotros mismos.
